Julio Salazar, de México Unido Contra la Delincuencia, señala que los formatos de llenado tampoco favorecían el acceso a los productos, “incluso para que un particular pudiera tener la posibilidad de importarlos, tendría que contratar un agente aduanal” y además de que no deberían abarcar productos que no fueran médicos, pues el fin de las reformas era ese.
14/06/2019, México Punto Com, Antonio Hernández
Era 21 de noviembre de 2018. La administración de Enrique Peña Nieto se despedía con un anuncio “histórico”: se liberaban para su venta en México 38 productos con cannabis y sus derivados.
Julio Sánchez y Tépoz, entonces titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), presumía que por más de 90 años estuvo prohibido su uso en el país y ahora México avanzaba en el enfoque científico, médico e industrial de la planta.
Limonadas, gomitas e incluso desodorantes estaban dentro de los 38 productos elaborados a base de CBD (componente no psicactivo) y con 1% menos de THC (componente psicoactivo).
Días después inició un nuevo gobierno y entre las tantas políticas implementadas por administraciones pasadas también fue trastocada la que permitía este “avance” ¿Qué pasó?
El origen de la legalización con fines medicinales
En junio de 2017 se reformó la Ley General de Salud para permitir la elaboración, comercialización e importación de productos derivados de la marihuana con fines medicinales.
El siguiente paso era crear un reglamento en los siguientes 180 días para concretar las reformas, a través de Cofepris, debía, pero no lo hizo.
Fue hasta el 30 de octubre de 2018, cuando Cofepris dio a conocer los “Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma”, que servirían de base para entregar permisos para importar medicamentos y productos industrializados. Solo que no contaban con validez oficial porque no se publicaron en el Diario Oficial de la Federación.
El pasado 27 de marzo, la Cofepris y la Secretaría de Economía del nuevo gobierno informaron en un comunicado conjunto que los lineamientos habían sido revocados porque había omisiones y posibles irregularidades en la entrega de los permisos.
La oportunidad para mejorar las reglas
Zara Snapp, cofundadora del Instituto RIA, una organización civil especializada en políticas públicas sobre drogas, entre otros asuntos, señala en entrevista que con esa revocación se abre una oportunidad para tener una legislación más ambiciosa.
Julio Salazar, Abogado senior del Programa de Política de Drogas en México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD), apunta que “bien regulada, esta industria podría facilitar el acceso de las personas a su tratamiento”.
Un proceso de regulación opaco
Los expertos consultados por mexico.com explicaron que el proceso de regulación para comercializar productos presentó diversas irregularidades.
“Este proceso no fue muy transparente y no hubo mucha información sobre cómo sacar los permisos (…) Hubo rumores de corrupción en cómo se dieron los permisos, algunas empresas tenían más información que otras, el proceso no fue claro, no fue abierto”, apunta Zara Snapp.
No cumple con su fin
A la par del proceso, los expertos consultados apuntan a que los lineamientos, como estaban, no garantizaban el acceso a los tratamientos adecuados.
Julio Salazar, de México Unido Contra la Delincuencia, señala que los formatos de llenado tampoco favorecían el acceso a los productos, “incluso para que un particular pudiera tener la posibilidad de importarlos, tendría que contratar un agente aduanal” y además de que no deberían abarcar productos que no fueran médicos, pues el fin de las reformas era ese.
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