Los juzgados cívicos son espacios importantísimos para garantizar la convivencia pacífica entre las personas. Como su nombre lo indica, son los encargados de aplicar las leyes de cultura cívica y, por lo tanto, en ellos se pueden conciliar diversos conflictos entre particulares, familiares y vecinos evitando que la violencia y la delincuencia escalen. Sin embargo, pese a su importancia, los juzgados cívicos son aún muy desconocidos y su funcionamiento ha estado tradicionalmente exento de ejercicios de observación ciudadana que los puedan fortalecer. Por ello, en MUCD nos dimos a la tarea de acercamos a ellos.

A manera de contexto, es importante recordar a nuestros lectores que el 8 de julio del 2019 el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) aprobó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC), y que, con él, se buscó fortalecer las capacidades de la policías municipales y estatales, así como articularlas con la Guardia Nacional y las procuradurías o fiscalías para prevenir y fortalecer la investigación de los delitos, e incrementar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad pública1. Pese a los avances que significó, el modelo obvió la necesidad que existe a nivel municipal y de las alcaldías de establecer redes de colaboración multisectoriales y procesos de activación ciudadana que abonen a la construcción de seguridad y al fortalecimiento de las instancias administrativas como los juzgados cívicos.

Identificando este vacío es que en MUCD nos propusimos trabajar con la ciudadanía para ayudarla a entender, usar y exigir el correcto funcionamiento de estos espacios. Específicamente, nos propusimos conducir numerosos procesos de formación a partir de los cuales buscamos generar en las personas las competencias básicas para monitorear y evaluar los juzgados cívicos. ¿Por qué? Básicamente porque consideramos que son un elemento clave para la implementación del MNPJC y, como decíamos al principio, permiten atender los conflictos ciudadanos derivados de la convivencia cotidiana evitando que escalen.

En Ciudad de México, concretamente, el juzgado cívico es el espacio donde diferentes actores comunitarios confluyen para dirimir su conflictividad a partir de los medios de solución previstos en la Ley de Justicia Cívica de la CDMX y su reglamento interno. A partir de estos instrumentos se fomenta también la cultura de la legalidad y se atienden las causas sociales que originan la mayoría de los conflictos vecinales. Pero, aunque la participación ciudadana está prevista y se espera que ocurra en estos espacios, son pocos los ejemplos de iniciativas no gubernamentales en las que se apueste por la auditoría social para impulsar y mejorar la calidad de la impartición de la justicia cívica. Uno de ellos es el que hemos desarrollado de la mano con ciudadanos de la alcaldía de Azcapotzalco, donde vecinos y vecinas observan las condiciones externas y el funcionamiento interno de sus juzgados cívicos, documentan sus hallazgos y participan en la elaboración de recomendaciones de mejora que gestionan con la autoridad.

Las y los monitores que han participado de estos ejercicios, en el marco de los trabajos de la #RedConéctatePorTuSeguridad, han visitado y observado estos espacios desde el mes de marzo del 2020 y, entre otras cosas, han encontrado que las instalaciones no son accesibles para personas con dificultades de movilidad, faltan de espacios de trabajo adecuados para los propios servidores públicos y, en algunos casos, no existen directorios de servidores o servicios disponibles. Todo ello afecta el acceso a y la calidad del servicio. Del lado positivo, documentaron la existencia de buzones de quejas y experiencias de buena atención donde los jueces recibieron cálidamente a los usuarios y trataron con ellos varias situaciones que se resolvieron satisfactoriamente.

Además de documentar las condiciones físicas y formas de operar de los juzgados cívicos, esta experiencia ha permitido incrementar el conocimiento de las comunidades sobre la utilidad de la justicia cívica y ha permitido mejorar la relación de los habitantes de la zona con sus autoridades. Lo que es más, las y los monitores ciudadanos se han convertido en pieza clave de la justicia cívica al convertirse en puentes que conectan a otros vecinos con los juzgados y servir de fuentes de información sobre los distintos procesos que ahí se solventan.

En suma, se trata de un proceso de empoderamiento en el que las y los integrantes de una comunidad transforman su realidad para construir bienestar y paz para sí y sus vecinos. Y aunque aún persisten desafíos por atender, la experiencia nos demuestra que participación ciudadana en la justicia cívica no es solo deseable sino necesaria para la construcción de comunidades más seguras, más justas y en paz.

* Alejandro Rivera Soto y Luis Miguel Encastin Santos forman parte del área de enseñanza de México Unido Contra la Delincuencia y son animadores socioculturales de la Red conéctate por tu seguridad Azcapotzalco

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