Carta al Senado sobre iniciativa de reforma Fiscalía General de la Republica
México, 17 de febrero de 2021
DISTINGUIDAS Y DISTINGUIDOS SENADORES,
CONGRESO DE LA UNIÓN,
PRESENTE
Nos dirigimos a ustedes, con el debido respeto, a fin de expresarles diversas preocupaciones en torno a la Fiscalía General de la República, respecto de las cuales, procedemos a realizar distintas peticiones.
PROYECTO DE LA LEY DE LA FISCALÍA SIN DIAGNÓSTICO PÚBLICO
En primer lugar, queremos referirnos a la iniciativa presentada por el Senador Monreal el 7 de octubre del año pasado que pretende sustituir a la actual Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y modificar otros ordenamientos, la cual está siendo discutida sólo con actores gubernamentales. Al respecto, algunas organizaciones de la sociedad civil, órganos estatales como la Comisión Nacional de Búsqueda, así como mecanismos de Naciones Unidas, nos hemos manifestado en contra del proyecto, expresando los retrocesos que supondría en materia de procuración de justicia, derechos humanos y derechos de las víctimas, afectando el principio de progresividad de derechos.
Si bien es cierto, el artículo décimo tercero transitorio del decreto por el que se publicó la ley vigente establece que, transcurrido un año a partir del nombramiento de la persona titular de la Fiscalía, se hará una revisión del marco constitucional y legal de este órgano autónomo; también señala que deberá hacerse por medio de convocatoria pública, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, la academia, instituciones públicas y representantes del sector privado. Los resultados obtenidos deberán ser comunicados al Congreso de la Unión para lo conducente. De la exposición de motivos de la iniciativa no se desprende que se haya efectuado esta convocatoria y tampoco se da cuenta de la justificación de la emisión de una nueva ley. Lo anterior, a pesar de que toda reforma legislativa debe estar precedida de un sólido diagnóstico que justifique los cambios. Actuar de otra manera sería irresponsable y peligroso. En caso de que exista el mencionado diagnóstico, agradeceríamos se hiciera público y nos fuera comunicado.
INFORME ANUAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL FISCAL GENERAL
En segundo lugar, queremos recordar que de conformidad con lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 102, apartado A de la Constitución Federal, el Fiscal General debe presentar anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe de actividades, que debe integrar los informes de cada uno de los fiscales especializados, en términos del artículo 26, fracción VI de la ley orgánica de la Fiscalía. De igual forma, el artículo 6° de la ley señala que el Fiscal deberá informar cada año al Senado sobre los avances del Plan de Persecución Penal. En este sentido, solicitamos se hagan públicos los informes presentados, así como la forma en la que el Congreso de la Unión pretende analizarlos, cumpliendo su función de representantes de la sociedad y de control de los órganos constitucionales autónomos. Ahora bien, en caso de que no se haya presentado, solicitamos se exhorte al Fiscal General a hacerlo inmediatamente.
En relación con lo anterior, solicitamos que se cite al Fiscal General para que comparezca a rendir cuentas e informe sobre su gestión. Estimamos que la información que se genere con motivo de esa comparecencia resultará de gran utilidad a fin de valorar los cambios legislativos que se pretenden incorporar.
SOLICITUD DE PARLAMENTO ABIERTO
Finalmente, en caso de que se insista en la intención de sustituir a la actual ley por un nuevo ordenamiento, les solicitamos que ello se haga bajo un modelo auténtico de parlamento abierto y previo diagnóstico que justifique la necesidad de reforma. De los preceptos invocados y de la experiencia previa de construcción de la Ley actual, se desprende que la participación ciudadana es esencial en la construcción del marco jurídico que rige a la Fiscalía, pues de su correcto diseño dependerán en buena medida los derechos de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. En un ánimo de colaboración, acompaña al presente escrito una propuesta de metodología de parlamento abierto.
Nos permitimos recordarles que la forma en la que se discutió la Ley orgánica en vigor constituyó un precedente histórico sobre la forma de operar de un parlamento abierto en un Estado con parámetros democráticos, toda vez que fueron convocados colectivos de víctimas, organizaciones no gubernamentales, representantes del sector privado, instituciones de educación e investigación, otras dependencias gubernamentales y demás actores relevantes para que de manera conjunta con los legisladores, fuera construida una ley bajo los más altos estándares de derechos y tomando en consideración las distintas experiencias.
PETITORIOS:
1. Publicar el Diagnóstico realizado por la FGR de dónde se desprende la supuesta necesidad de reformar la actual Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
2. Citar a comparecencia pública al Fiscal General a fin de rendir informe de labores y rendición de cuentas, propio de todo Estado democrático de Derecho.
3. En caso de que el Senado avale una eventual reforma a la Ley de la FGR, adoptar los mecanismos necesarios para garantizar un parlamento abierto acorde a las mejores prácticas en países democráticos, sin disminuir el nivel de convocatoria y participación ciudadana como los realizados durante la construcción de la ley vigente en la materia. Nos despedimos de ustedes, no sin antes ponernos a su disposición en caso de que se requiera información adicional.
Atentamente,
Colectivo contra la Impunidemia: ORGANIZACIONES
– Fundación para Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD),
– Fundación para el Debido Proceso (DPLF),
– Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA),
– Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM),
– Impunidad Cero, – Articulo 19 Oficina para México y Centroamérica,
– Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos,
– Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC),
– México Unido contra la Delincuencia,
– Instituto de Justicia Procesal Penal,
– Borde Político, – Borde Jurídico,
– Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Coahuila,
– Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua,
– Nuevo Periodismo Judicial, – TOJIL,
– Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
– Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Guerrero
– Centro Internacional para la Justicia Transicional
– México Evalúa – Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.
– Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
– Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato
COLECTIVOS DE FAMILIAS
– Justicia Transicional en México,
– Sabuesos Guerreras A.C.,
– Sabuesos Guerreras Ext Oaxaca,
– Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL),
– Madres Unidas x nuestros hijos desaparecidos San Fernando, Tamaulipas,
– Colectivo Solecito de Veracruz,
– Buscando Desaparecidos México BUSCAME,
– Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC -FUNDEM),
– Colectivo Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz, Guanajuato
INDIVIDUALES
– Daniel Giménez Cacho, –
Daniel Vázquez,
– Alfredo Lecona,
– Denisse Dresser,
– Susana Camacho, –
Alejandro Jiménez,
– Esperanza Luciotto,
– Grace Fernández,
– Maite Azuela
– Mariclaire Acosta
– Pablo Girault
#Colectivo Seguridad sin Guerra
Otras firmas:
– Sin Fronteras, IAP
– Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
– Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Chihuahua
– Casa del migrante de Saltillo, Coahuila
– Casa Monarca. Ayuda humanitaria al migrante, A.B.P., Nuevo León
– Casa de Acogida Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada (CAFEMIN)
– Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM)
– Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
– Comité de familiares de migrantes desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO)
– Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE)
– Comité de familiares de Migrantes Desaparecidos de La Guadalupe en Honduras (COFAMIGUA)
– Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Amor y Fe (COFAMIDEAF)
– Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH)
– Asociación de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG) –
Red Nacional de Observatorios (RNO):
– Irapuato Observatorio ciudadano
– Observatorio Ciudadano Tabasco
– Observatorio Ciudadano de Durango
– Observatorio Ciudadano Tamaulipas
– Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, A.C.
– IGAVIM Observatorio Ciudadano
– Observatorio Sonora por la Seguridad
– Observatorio Ciudadano de León
– Observatorio Regional Zamora, A.C.
– Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán
– Observatorio Ciudadano de Morelos
– Observatorio Ciudadano Chiapas
– Observatorio Ciudadano Malinalco
– Cómo Vamos La Paz. Observatorio Ciudadano
– Observatorio de Seguridad y Género de Quintana Roo
– Observatorio Ciudadano Veracruz – Boca del Río
– Consejo Cívico de Coahuila
– Centro de Integración Ciudadana de Saltillo
– Observatorio Ciudadano Tampico, Madero y Altamira
– Alberto Xicoténcatl Carrasco, Presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de DDHH y Periodistas
– Carlos Garza Falla
c.c.p. Senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Sen. Julio Menchaca, Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores. Sen. Kenia López Rabadán, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Dulce María Sauri, Presidenta de la Cámara de Diputados Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Karla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda Pedro Salazar, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Claudia Pulido, Encargada de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comisionada Esmeralda Arosemena, Relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Guillermo Fernández Maldonado, Representante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Diego García Sayán, Relator Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados. Sra. Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Sr. Felipe González, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes. Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas.
