- De 2017 a la fecha, por lo menos 64 millones de pesos han sido sobreejercidos por las Secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar)
- MUCD advierte un alto nivel de sobreejercicio de recursos, opacidad y riesgo de corrupción en el uso de presupuesto público por parte de instancias militares.
- Cada peso destinado a los órganos castrenses ha sido un peso menos para las instituciones civiles, lo que las debilita y genera un desequilibrio en las relaciones cívico-militares de las instituciones del Estado mexicano.
Ciudad de México, 28 de septiembre de 2022. México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD) presentó “El negocio de la militarización en México. Opacidad, poder y dinero”, un informe que analiza el presupuesto aprobado y ejercido por las Fuerzas Armadas (FFAA) entre el 2006 y 2022, con el objetivo de detectar, entender y explicar sus asignaciones y modificaciones, así como su impacto político y democrático.
Con el documento, MUCD demuestra que la militarización se ha convertido en un negocio, que ha retribuido económica y políticamente a las FFAA en niveles sin precedentes, a través de la reasignación de presupuestos públicos, principalmente a través del Poder Ejecutivo, para su propio beneficio, durante los últimos tres sexenios.
En dicho periodo, mientras los recursos a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han crecido en forma exponencial, carteras civiles como el gasto de obra pública, la protección del medio ambiente, los subsidios al campo y los fondos federales destinados a la seguridad ciudadana —como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)— han disminuido o desaparecido. Además, en el último sexenio, la Guardia Nacional (GN) pese a ser, en el papel, declarada de carácter civil, se ha convertido en un medio para incrementar el presupuesto de la Policía Militar y Naval, así como para financiar los cuarteles y compensaciones de los cuerpos castrenses.
El aumento presupuestal de las FFAA se ha concretado utilizando recursos no aprobados por la Cámara de Diputados a través de mecanismos como adjudicaciones directas, invitaciones restringidas, transferencias de funciones civiles, fideicomisos públicos —el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM)— y la normatividad de seguridad nacional y acceso a la información; así como el otorgamiento directo de recursos por parte del Poder Ejecutivo mediante el uso desmedido y sistemático de adecuaciones presupuestales.
En los últimos 12 años al menos 227 funciones civiles han sido transferidas a las FFAA[1], lo que equivale a aproximadamente $74,000 millones de pesos, aumentando los presupuestos de la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar) en detrimento de las de Seguridad y Protección Ciudadana, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes, así como de los fideicomisos que se han extinto en el último sexenio con el presidente López Obrador.
La transferencia de funciones, junto con las modificaciones presupuestarias y un alarmante nivel de sobreejercicio de recursos han sido posibles gracias a la laxitud de las normativas de vigilancia, control y rendición de cuentas, a la opacidad de las FFAA al clasificar y resguardar la información de su uso de recursos por un supuesto riesgo a la seguridad nacional, así como la posibilidad del Poder Ejecutivo de destinar más recursos de los aprobados por el Legislativo sin necesidad de su visto bueno.
Estos elementos, en su conjunto ponen en riesgo la eficiencia de la asignación del gasto público, permiten a las FFAA operar en casi completa opacidad, sin obligación real de rendición de cuentas y con altísimo riesgo de corrupción; además de provocar un desequilibrio en las relaciones de poder político y económico cívico-militares.
En una democracia el presupuesto público debe atender a los intereses y necesidades de la población de manera transparente y con rendición de cuentas; no hacerlo, aunado a la violación al principio de representación a la hora de asignación de recursos públicos, vulnera los derechos políticos de los ciudadanos y se genera un desequilibrio tanto en las relaciones cívico-militares como entre los poderes ejecutivo y legislativo respecto a la asignación de presupuestos.
El riesgo incluso va más allá del uso y beneficio de recursos públicos: incrementar el poder económico de las FFAA corresponde a empoderarlas políticamente y aumentar su presencia en los espacios de toma de decisiones fundamentales para el país. Hoy mismo, han arrebatado ya funciones que constitucionalmente le corresponden a las autoridades electas democráticamente. Esto no puede continuar. La militarización y la transición al militarismo en México deben cesar.
Por una seguridad pública y gobierno civiles, digamos no a #ElNegocioDeLaMilitarización
[1] “Inventario Nacional de lo Militarizado”, Plataforma de Proyección de Datos Abiertos, Programa de Política de Drogas del CIDE (CIDE-PPD), recuperado el 9 de febrero de 2012. https://bit.ly/3v0kgXG
