- Militarizar la Guardia Nacional y entregar la seguridad pública del país a la SEDENA no reducirá el delito, sólo aumentará el riesgo para las personas de sufrir violencia y abusos a manos de militares.
- La reforma aprobada otorga un poder político y económico sin precedentes a las Fuerzas Armadas, amenazando además nuestra democracia y la supremacía civil de nuestras instituciones.
- Devolver la constitucionalidad a nuestras leyes y respetar el Estado de derecho requiere que esta reforma sea impugnada y revertida. Exigimos a las autoridades competentes presentar de inmediato recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
13 de septiembre de 2022 – En la madrugada del 9 de septiembre, el Senado de la República aprobó una reforma que le entrega a las Fuerzas Armadas (FFAA) el control operativo y administrativo sobre la Guardia Nacional (GN). Esto, luego de que el 3 de septiembre dicha reforma fuera aprobada en la Cámara de Diputados. Con ello, las FFAA quedan a cargo del único cuerpo de seguridad pública federal y se hacen de un poder político y económico sin precedentes, lo que amenaza la primacía civil de nuestras instituciones.
Esta reforma hará permanente la conducción militar de la seguridad pública ignorando toda la evidencia sobre su fracaso como estrategia para reducir el delito y contener la violencia. Desde que en 2006 se recurrió al despliegue masivo de militares para “mejorar la seguridad” el homicidio se cuadruplicó, pasando de 8,000 víctimas anuales a más de 36,000 en 2021. Lo mismo sucedió con los delitos que más afectan a las personas: hoy en día tenemos más extorsión que nunca y las cifras de victimización e impunidad han aumentado de forma constante.
Ahora los militares ejecutarán tareas policiales para las que no están entrenados y podrán actuar en nuestra contra deteniéndonos, cateando nuestros domicilios y vehículos, interviniendo nuestras comunicaciones y hasta cometiendo abusos contra nosotros. En caso de cometer faltas en estos procesos, sus elementos solo serán presentados ante la justicia militar, violando nuestros derechos humanos y aumentando los riesgos de ser victimizados.
Al día de hoy, el 78% de los elementos de la GN son militares y desde 2021 la institución supera a la SEDENA en el número de quejas por violaciones a derechos humanos que se han presentado en su contra. Además, la letalidad de las FFAA ha aumentado en este gobierno, es decir, que cuando participan en operativos o tareas de seguridad pública matan a más personas de las que hieren o detienen. Actualmente, las FFAA tienen cifras de 4.15 muertos por cada herido en sus operativos, en comparación con 3.98 en la administración pasada.[1]
La reforma también permite que se viole la constitución y que se someta a los gobiernos, poderes e instituciones civiles de seguridad a la voluntad militar. Desde ahora, ya no serán las FFAA quienes auxilien de manera excepcional a los civiles y actúen bajo su mando; serán los civiles quienes auxiliarán a las FFAA y habrán de aceptar la conducción militar de las decisiones y los operativos, en detrimento del desarrollo y la profesionalización de las verdaderas instituciones de seguridad pública.
Quienes aprobaron estas modificaciones legales mintieron diciendo que no se trata de una militarización de la GN o la seguridad pública, pues la reforma establece que los pocos miembros civiles de la corporación serán dados de baja y sustituidos por más militares. Esto dejará a la GN con menos personal capacitado para hacer labores de seguridad pública. Solo 15% de los elementos de la guardia tienen el Certificado Único Policial y el 84% de éstos lo obtuvieron siendo parte de la Policía Federal.[2]
Finalmente, expresamos nuestra preocupación extrema por el aumento de recursos económicos y poder político que supone esta reforma y cuestionamos la motivación de aumentar presupuestos sin fortalecer los mecanismos de supervisión civil de las FFAA. Algo que claramente abre la puerta a la corrupción. En control de la Guardia Nacional, la SEDENA pasará a administrar un presupuesto total de $146 mil millones de pesos en 2023, lo que equivale a 5 veces el presupuesto asignado para el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia ($30 mil 395 millones de pesos), mientras enfrentamos un desabasto de medicinas para tratamiento de cáncer infantil.
Desde MUCD, consideramos que esta reforma no es solo inconstitucional sino nociva para la seguridad de las personas y la prevalencia del carácter civil de nuestras instituciones de gobierno. Por ello, le exigimos a las y los legisladores de la minoría y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentar de manera inmediata una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo mismo que a estados y municipios a presentar Controversias Constitucionales ante el mismo tribunal. A la SCJN le exigimos resolver todos los asuntos pendientes sobre militarización y analizar esta reforma de manera expedita. A la ciudadanía la invitamos a oponerse a una medida que no mejorará la seguridad y solo fortalecerá el control militar sobre el país.
