- El Senado de la República ha convertido un tema tan delicado como la seguridad y derechos humanos de las y los mexicanos en un asunto de cuotas y conveniencias políticas.
- Es imprescindible que las y los senadores que no respaldan la iniciativa continúen firmes en su postura y prioricen la defensa de la vía civil de la seguridad pública.
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2022. Tras la suspensión temporal en el Senado de la República de la discusión de una iniciativa legislativa que busca ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, es imprescindible que senadoras y senadores se opongan a las presiones políticas impuestas por el bloque legislativo oficialista y funjan como contrapeso para proteger la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos de la ciudadanía.
Este 21 de septiembre, la Cámara Alta suspendió la discusión sobre un dictamen previamente aprobado por la Cámara de Diputados que busca modificar el artículo Quinto Transitorio Constitucional para ampliar el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, de 2024 -como se establece actualmente- hasta 2028. Ante insuficiencia de votos, el bloque legislativo oficialista impuso la suspensión de la discusión, con el fin de articular todos sus recursos, recurrir a cabildeo y conseguir los necesarios para lograr la aprobación.
El actuar de este bloque legislativo es profundamente antidemocrático pues, aún a sabiendas de que la propuesta es violatoria de la Constitución, pone en grave riesgo los derechos humanos de la población y no es respaldada por la mayoría legislativa, intenta forzar su aprobación.
“Este proceso ha dejado ver que los intereses de las y los legisladores del bloque oficialista no están alineados con los de la población, a la que deberían representar, sino con los de un juego político y un gobierno federal que, mediante una agenda militarista, pretende aumentar la centralización del poder, dotar de más y diversificados recursos a los cuerpos militares y, finalmente, concretar la imposición trasnsexenal de esta agenda”, advirtió Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
En México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) recordamos que la política nacional de despliegue de militares y marinos en tareas de seguridad pública impuesta los últimos 15 años ha sido altamente contraproducente y ha detonado el aumento de violaciones graves a derechos humanos, barreras de acceso a la justicia y de la impunidad.
Además, se ha demostrado que el número de homicidios no se redujo con su participación: ahí donde los militares son desplegados para estas tareas, los asesinatos aumentan. Por cada enfrentamiento con participación de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en un municipio, los homicidios aumentan 8% en los siguientes tres meses y 3% en el largo plazo, de acuerdo con el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Por si fuera poco, a lo largo de este tiempo, las atribuciones de los cuerpos militares rebasaron el ámbito de la seguridad pública para expandirse a funciones civiles, como la construcción de obras públicas, la administración de puertos y aduanas y actividades relacionadas con ciencia y tecnología, medio ambiente, telecomunicaciones e incluso educación.
Todo esto ha minado el control que las autoridades civiles tienen sobre las instituciones militares y ha dotado a éstos últimos de mayor poder, autonomía y discrecionalidad, cediendo la capacidad de decisión de autoridades democráticamente electas al Ejército. Esto pone en riesgo, sin duda, el propio sentido democrático del Estado mexicano.
Lo que el Poder Legislativo debería hacer es velar por el cumplimiento de los actuales supuestos del artículo Quinto Transitorio, aprobado desde 2019 por unanimidad partidista y respaldado por las legislaturas de las 32 entidades federativas, que establece, entre otras cosas, la construcción de una Guardia Nacional civil, de carácter policial, entrenada para coadyuvar con estados y municipios en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana; así como la presentación de un plan de retiro gradual y ordenado de las Fuerzas Armadas, a fin de asegurar que éstas regresen a los cuarteles para el 27 de marzo de 2024.
Esta reforma debe rechazarse. De lo contrario, estaríamos ante la demostración del sometimiento de la voluntad de las y los integrantes del poder legislativo a los intereses de una política nacional basada en la militarización, preocupada por complacer los intereses políticos propios y no de velar por la ciudadanía.
Senadoras y senadores: no pueden pasar por alto su papel fundamental en un Estado verdaderamente democrático: la representación y protección de los intereses y los derechos de su pueblo. ¡Nuestros derechos humanos no son objeto de negociación!
#NoALaMilitarización
