Ante el aval de la SCJN al #AcuerdoMilitarista urgimos al Poder Judicial a actuar como contrapeso a la militarización
- La Suprema Corte declaró constitucional el Acuerdo que permite a las Fuerzas Armadas participar en seguridad pública, pese a que el Ejecutivo sí invadió facultades del Legislativo.
- La votación de hoy deja un precedente muy preocupante con respecto a la futura resolución de 8 recursos antimilitaristas pendientes de discusión.
- Llamamos a la Suprema Corte para que actúe como verdadero contrapeso en los casos que aún sigue sin resolver.
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2022. El día de hoy, con 8 votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el Acuerdo del 11 de mayo de 2020 que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Las y los ministros votaron a favor de un proyecto elaborado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, que consideraba que el Presidente sí tenía las facultades para ordenar mediante un Acuerdo que las Fuerzas Armadas (FFAA) actuaran en tareas de seguridad hasta 2024, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
Con esta decisión, las y los ministros de la SCJN rechazaron el argumento de la Cámara de Diputados de que el Acuerdo emitido por el Ejecutivo invadía sus facultades al simular cumplir con los criterios que ordena el artículo quinto transitorio constitucional; a saber, que el uso de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública sea de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Estos criterios provienen del Caso Alvarado Espinoza, que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a condenar al Estado Méxicano por la desaparición forzada de tres personas a manos de las FFAA.
El Acuerdo en cuestión, sin embargo, no cumplió con ninguno de estos criterios, sino que limitó la participación de las FFAA hasta 2024 pero no estableció medidas para que se desmovilizaran ni delimitó su intervención territorial; especificó las competencias que le correspondían a las FFAA, pero no de manera complementaria ni subordinada; ordenó la fiscalización de estas acciones, pero sólo por los órganos internos de control de las dependencias castrenses, sin participación de civiles; y solo mantuvo la subordinación de las FFAA al Presidente, estableciendo en lo demás una relación de igualdad entre militares y civiles.
El Acuerdo, tal y como lo reconocieron la mayoría de las y los ministros en la sesión de hoy, tiene carácter de norma general, lo cual vuelve aún más evidente que el Presidente efectivamente está usurpando facultades que no le corresponden. Esto porque es el Poder Legislativo el responsable de establecer los límites de la participación de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con los criterios de la Corte IDH y el quinto transitorio constitucional. Así lo ordena también el artículo primero transitorio de la Reforma que creó la Guardia Nacional al mencionar que el Congreso de la Unión, adicional a emitir las leyes secundarias de ésta, tiene que hacer las adecuaciones legales conducentes.
Hoy la Corte validó el uso de las FFAA en funciones de seguridad pública sin cumplir con los controles constitucionales y convencionales, y avaló una estrategia que no ha resuelto la crisis de inseguridad, violencia y violaciones a los derechos humanos.
La discusión, además, se dio de una manera opaca, con un proyecto que en ningún momento se hizo público y no permitió a la sociedad conocer los argumentos hasta que se dió la discusión y posterior votación.
Todo esto deja precedentes preocupantes para los 8 casos pendientes de resolución en el máximo tribunal: controversias, amparos y acciones de inconstitucionalidad interpuestos desde 2016 por organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos e integrantes del Poder Legislativo que buscan que el Poder Judicial se pronuncie en contra de estos procesos militaristas.
Hacemos un enérgico llamado a que el Poder Judicial asuma su papel de contrapeso frente a la militarización discrecional, arbitraria y autoritaria por parte de los otros poderes. También llamamos a la sociedad civil a continuar exigiendo que el gobierno no abandone la vía civil en la seguridad pública y que tome decisiones conducentes a fortalecer alternativas civiles.
¡La militarización no es la respuesta!
