Pronunciamiento: Guardia Nacional en el STC Metro es injustificado e inadmisible
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El Gobierno de la Ciudad de México implementa una medida autoritaria al desplegar elementos de la Guardia Nacional ante la crisis por la falta de mantenimiento del Metro (STC Metro).
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El despliegue de 6,060 elementos es desproporcionado y caro, pues se equipara al número de integrantes desplegados en estados como Jalisco, Guanajuato y Michoacán.
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La decisión demuestra que el gobierno federal tiene la intención de extender la visión militarista de la política a todos los ámbitos de la vida social, como se ha advertido en los últimos años.
Ciudad de México, 12 de enero de 2023. La decisión del Gobierno de la Ciudad de México de desplegar 6,060 elementos de la Guardia Nacional en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro) es inadmisible e injustificada.
Se trata de una decisión autoritaria, pues, al tratarse de una corporación de conformación militar, disponer de ella para vigilar el STC Metro resulta infundada y desproporcionada. Además, demuestra que la militarización es una estrategia nacional que ha rebasado con creces el ámbito de la seguridad pública para invadir los aspectos más cotidianos de la gobernabilidad: el medio ambiente, la infraestructura pública, las telecomunicaciones, la educación, ¡y ahora también la movilidad!
El anuncio se hace a escasos días de un accidente ocurrido este 7 de enero en la Línea 3 del Metro que dejó víctimas mortales y que evidenció, entre otras cosas, la necesidad urgente de llevar a cabo acciones de revisión, mantenimiento y renovación de este transporte. Contrario a esta amplia y conocida exigencia ciudadana, el gobierno local optó por militarizarlo con la incompleta, ambigua y falaz argumentación de que es “para proteger a los usuarios del metro frente a acontecimientos recientes”. De hecho, la decisión parecería responder más a evitar movilizaciones por parte de las personas usuarias, como las que se dieron en los días posteriores al accidente.
La decisión contempla utilizar presupuesto del STC Metro para costear el despliegue de 6,060 elementos en este transporte, una cantidad equiparable a la desplegada hasta marzo de 2022 en los estados de Jalisco (6,745 elementos), Guanajuato con (6,613 elementos) y Michoacán con (6,518 elementos) y 2.7 veces más elementos que en Baja California (2,209 elementos), segundo estado con mayor número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio de enero a noviembre de 2022. Recursos que deberían utilizarse para atender las necesidades urgentes de mantenimiento que requiere el sistema de transporte público de la capital.
Las tragedias ocurridas en los últimos años en el Metro de la CDMX han afectado principalmente a las personas que menos recursos tienen, por lo que es imperante que se invierta en la protección de la movilidad y la vida de las personas usuarias.
A partir de las 14:00 horas de este 12 de enero sólo el STC Metro tendrá tantos o más elementos de la Guardia Nacional que la mayoría de los estados a los que la corporación fue enviada para atender temas de seguridad pública.
Este número, además, corresponderá a un 46% del total de elementos que ya estaban desplegados en la Capital del país con corte a marzo de 2022 (13,112 elementos), lo que de por sí colocaba a la CDMX como la entidad con mayor despliegue de esta fuerza militares, seguida por el Estado de México, con 9,937 elementos; Jalisco, Guanajuato y Michoacán.
Mientras se concreta la militarización del transporte público en la capital, el metro adolece de reducciones e insuficiencia presupuestal, con las áreas de mantenimiento, reparación, compra de equipo ferroviario e inversión en infraestructura como las áreas más afectadas.
Es claro que la decisión no abona en lo absoluto a evitar sucesos como el ocurrido el pasado 7 de enero en la Línea 3 del STC Metro o de mayo de 2021, en la Línea 12, se trata de una acción más para ampliar la estrategia de militarización de la política pública y, con ello, lastimar el sentido democrático del Estado.
En México Unido Contra la Delincuencia exigimos que la Guardia Nacional sea retirada tanto del transporte público como de otros ámbitos de la vida pública del país, entre ellos, la seguridad.
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