- La SCJN no publicó el proyecto de sentencia correspondiente a la Acción de Inconstitucionalidad 63/2019, promovida por la CNDH en contra de la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
- Con tal omisión, la Corte continúa dando un preocupante trato de secrecía e irrelevancia a los asuntos relacionados con la militarización de la seguridad pública.
- El Máximo Tribunal aún no ha respondido la solicitud de audiencias públicas ciudadanas que presentamos en noviembre de 2022, con el objetivo de que se profundice la discusión pública sobre estos asuntos.
Ciudad de México, 24 de enero de 2023. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la Acción de Inconstitucionalidad 63/2019 presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
La ley, adoptada a raíz de la creación de la Guardia Nacional en 2019, buscaba atender la necesidad de contar con un registro fiable y actualizado en el que las instituciones de seguridad pública hicieran constar todas las detenciones que ocurrieran en el país, para asegurar la integridad de las personas detenidas.
En su momento, la CNDH y organizaciones de la sociedad civil alertaron que la Ley Nacional del Registro de Detenciones no exige a los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) los mismos controles contemplados para las policías civiles. Esto es grave porque las autoridades castrenses son las que cometen más irregularidades al momento de la detención.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, de las personas detenidas por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), 31% y 30% expresaron haber sido golpeadas con un objeto contundente en su detención vs. 22% de los detenidos por policías municipales, 26% por estatales y 23% por federales.
Previo a esta discusión la ciudadanía no tuvo acceso a una versión pública del proyecto de sentencia. Esta omisión resulta preocupante, considerando que se trata de un asunto de gran importancia y trascendencia para los derechos humanos en México. La secrecía que rodea a la resolución de este caso es una muestra de la manera en la que la Corte ha tratado los asuntos relacionados con la militarización del país. La renovación de la presidencia de la Corte debió ser una oportunidad para dejar atrás prácticas institucionales que afectan negativamente la participación de la sociedad en la discusión de los temas que más impactan en la vida pública, como es la participación de las FFAA en labores de seguridad pública.
Hasta el momento, continúan pendientes de resolución ocho casos sobre la militarización de la seguridad pública, por lo que llamamos a la SCJN para que éstos sean resueltos de la manera más transparente posible.
Además, en noviembre de 2022, MUCD promovió una solicitud de audiencias públicas ciudadanas para democratizar el debate público sobre los asuntos relacionados con la militarización, así como aportar elementos para la emisión de sentencias que cumplan con los mayores estándares de derechos humanos y basados en evidencia.
Ante el avance acelerado de la militarización de la seguridad pública, la Corte debe ser un contrapeso que defienda los controles civiles que el orden constitucional exige para la participación de las FFAA en tareas de seguridad pública. Para ello, el primer paso sería actuar de forma transparente y democrática, circulando todos los proyectos de sentencia cuya resolución y votación repercutan en el devenir nacional.
