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• La inseguridad y violencia crecen de manera acelerada ante la indolencia y falta de acciones efectivas por parte del Estado, mientras la población continúa expuesta, en un contexto de impunidad.
  
• Las víctimas de actos de extorsión, como cobros de derecho de piso, van al alza, lo que indica el fortalecimiento de la capacidad del crimen organizado para amenazar y extraer recursos de la ciudadanía.

• El gobierno debe plantear una estrategia de seguridad distinta a la militarizada que centre a las policías locales en la atención de los delitos y a instituciones de justicia en su investigación.

Ciudad de México, 6 de febrero de 2023. A 15 años de la agudización de la militarización de la seguridad y cuatro del inicio de la administración actual, México aún padece una grave y creciente crisis de inseguridad que afecta todas las esferas de la vida, sin que el gobierno presente resultados consistentes ni capaces de revertirla.

Según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SESP), en 2022 hubo 31,936 víctimas de homicidio doloso y feminicidio: 87 personas diarias, o sea, una reducción de apenas 7% respecto a 2021, lo que demuestra que la violencia letal continúa como un problema de primer orden, sin reducciones significativas ni sostenidas.

Desde 2016, México registra más de 2 mil homicidios mensuales en todo su territorio, con estados altamente letales como el Estado de México y Guanajuato, segunda y tercera entidades con más elementos de la Guardia Nacional (GN), respectivamente. La actual estrategia no ha dado resultados. La violencia no disminuye y sus impactos afectan profundamente muchas zonas del país.

Además de los asesinatos, delitos ligados al empoderamiento del crimen organizado, como la extorsión se han convertido en realidades terriblemente cotidianas. En 2022 11,038 personas fueron víctimas de este delito, un 17% más que en 2021. Mientras las cifras oficiales probablemente subestiman el problema por falta de confianza ciudadana para denunciar, reportes ciudadanos y de prensa dan cuenta de historias de extorsión en modalidad de “cobro de piso” en estados como Sonora, Sinaloa, Colima, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Ciudad de México y Michoacán.

El delito de extorsión es un delito predatorio relacionado con el control de los territorios en los que se presenta. Su incidencia es sólo uno de los síntomas de la ausencia de la autoridad en comunidades en las que las actividades más cotidianas están expuestas al embate delincuencial, en un ambiente de temor e impunidad.

En tanto, otros crímenes, como los delitos contra la libertad sexual y seguridad personal aumentaron un 19% con respecto a 2021; los delitos contra la libertad personal presentaron su máximo histórico en 2022, con 30,674 víctimas; y la violencia familiar y de género, aumentaron un 7%.

Las cifras demuestran que la estrategia de seguridad militarizada ha fallado, mientras que la narrativa oficial de supuesto éxito ante esta crisis es muestra de la indolencia e ineptitud estatal: la presencia de la Guardia Nacional (GN) no ha tenido un efecto positivo en la reducción de la delincuencia y la inseguridad.

A menos de dos años del cierre de su administración, el gobierno debe replantear su actuar. Es urgente optar por acciones que permitan superar los efectos más inmediatos de esta crisis y mejoren el nivel de confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia y, a largo plazo, la construcción de una agenda de seguridad con enfoque ciudadano, basado en evidencia, que integre estrategias a nivel local e impulse el fortalecimiento sostenido de las instituciones civiles para que puedan atender, investigar y reducir estos delitos.

Firman las organizaciones

México Unido Contra la Delincuencia
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Centro Nacional de Comunicación Social A.C
Democracia México
Impunidad Cero
Frente Cívico Nacional
FCN Estado de México
Civilitas
Poder Ciudadano Mx x Mx
México Unido
Mar de ilusión A.C.
Poder Ciudadano
Unidos por México

Firman las personas

Juan Francisco Torres Landa Ruffo
Gerardo Prado Hernández
Rocío TorresAna Laura Reyes Facio
Raoul Ruffo
Patty Torres Landa
Odilia Bahena
Juan Francisco Torres Landa Aizpuru
Roberto Olea
Luis B. de Velasco M
Maria Soriano
Alejandra Sánchez
Benigno Trejo reyes
Mónica Natalia Velázquez García
Juan Roberto Sanchez Zavala
Jesús TorresPatricia fernandez
José Manuel Alemán Betancourt
Jose Antonio Jacques
Rocío Santaanna
ricardo castro
María Gloria Ortega
Eustasio Nava Cortés
Francisco Ibañez
Claudia Torres
Noel Rivas Marquez
María Amparo Casar
Lourdes Rodríguez
Gabriela Sterling
Luis Rodriguez
Luis Ortiz
Victor Sandoval
Mariclaire Acosta, Justicia Transicional en México
Sandra Abed
Eliana García LagunaIrma Arizmendi
Paloma Quijano Castelló
Patricia Luque
Mercedes Valdés
Eduardo Gallo y TelloJ
orge Javier Romero Vadillo
Beatriz Leycegui Gardoqui
Elena Estavillo
María Guadalupe Quijano Orvañanos
Juana Kuri Labarthe
Gerardo Cándano
Marta Felgueres
Daniel Pastor
Pablo Vicente Monroy
Jimena Candano Conesa
Inés Cándano
Ana María Conesa Ruiz
Maria Guadalupe Quijano Orvañanos
María Elena Plancarte
María Cándano
Cecilia Domenzain
José Delgado
José Cándano Conesa
Estefanía Cano
Eduardo De O
Elva MoratoMiguel González
Mariclaire Acosta Urquidi

Firman los integrantes de la iniciativa privada

Solar Garden Invernaderos
RTL Arq & ROOTS CEO