- Condenamos enérgicamente el actuar ilegal de las Fuerzas Armadas (FFAA), pues bajo ninguna circunstancia se encuentran facultadas para cometer ejecuciones extrajudiciales, alterar la escena del crimen o declarar falsamente.
- No se trata de un hecho aislado, sino que se suma a casos anteriores donde los militares han demostrado que usan la fuerza letal como respuesta, en lugar de sujetarse a los límites legales que permitan una verdadera persecución, investigación y sanción del delito.
- Llamamos a las autoridades a terminar con la impunidad militar esclareciendo los hechos y estableciendo las responsabilidades correspondientes en este y otros eventos resultado de la militarización de la seguridad pública.
Ciudad de México, 7 de junio de 2023. El día de ayer, diversos medios de comunicación hicieron público el video de una cámara de seguridad en el que se aprecia la detención y ejecución extrajudicial de cinco civiles ocurrida a manos de miembros del Ejército Mexicano el 18 de mayo de 2023. En el vídeo, además, se puede observar la manera en la que, posteriormente, los militares manipulan el lugar de los hechos.
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) condena enérgicamente este actuar ilegal y contrario a los derechos humanos, al tiempo que exige a las autoridades de procuración de justicia el completo esclarecimiento de los hechos y la debida asignación de responsabilidades en el fuero civil.
Las ejecuciones sumarias, la alteración de la escena del crimen y la posterior falsedad de declaraciones en el informe correspondiente que concurren en este caso son pruebas contundentes de que, por su adiestramiento y estructura institucional, las Fuerzas Armadas (FFAA) no deberían llevar a cabo labores de seguridad pública. Sobre todo cuando no existen los mecanismos adecuados de regulación y supervisión democrática por parte de las autoridades civiles.
De darse las condiciones para una detención (flagrancia, orden de aprehensión o caso urgente), la autoridad debe presentar inmediatamente a las personas detenidas, sin importar de quiénes se trate, ante el Ministerio Público. Las instituciones deben respetar las protecciones contempladas por la Constitución para toda la ciudadanía con el fin de evitar abusos de autoridad y garantizar la integridad de los procesos penales.
Insistimos en que estas ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados. Por el contrario, son producto del proceso de militarización de la seguridad pública que se ha afianzado en el país desde 2006. Existe un claro patrón de reportar sucesos de esta naturaleza como enfrentamientos, evitando cualquier investigación de los hechos. Resulta especialmente preocupante la recurrencia de eventos relacionados con la fuerza letal militar en Tamaulipas, particularmente en el municipio de Nuevo Laredo.
Exigimos una vez más el retiro gradual y definitivo de las FFAA de las funciones de seguridad pública, así como medidas tendientes a una fiscalización civil que evite la impunidad respecto a los abusos y violaciones a derechos humanos cometidas por militares.
En una democracia, las lógicas de la guerra no pueden ser trasladadas al ámbito de la prevención, investigación y sanción del delito. En este sentido, el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza letal no es una herramienta a disposición de las autoridades que realizan funciones de seguridad pública.
