- Celebramos que la Primera Sala de la Corte proponga declarar a la Sedena responsable por un caso de ejecución extrajudicial, pese a la negativa de la Sedena, pues eso protege el derecho de las víctimas.
- Llamamos a que la Primera Sala lo apruebe para garantizar el acceso a la justicia y establecer un precedente que ponga la justicia por encima de formalidades procedimentales.
Ciudad de México, 23 de junio de 2023. El próximo 28 de junio de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá un importante caso en el que familiares de víctimas de una ejecución extrajudicial ocurrida en Nuevo León reclaman la responsabilidad patrimonial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por los hechos ocurridos hace trece años. La Sedena niega su responsabilidad argumentando que el reclamo se hizo seis años después, por lo que el plazo de dos años señalado en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado ya había vencido.
La responsabilidad patrimonial del Estado implica una indemnización a las personas que sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular de las autoridades. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares tienen el derecho de exigir el reconocimiento de dicha responsabilidad como una forma de acceso a la justicia. Su uso para reparar a familiares de víctimas de una ejecución extrajudicial por personal militar, como en este caso, implica que el Estado reconozca y enmiende el daño por la actuación indebida del personal castrense realizando tareas de seguridad.
De acuerdo con el proyecto elaborado por la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, el plazo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado –al que la Sedena apela en su intento de liberarse de esta responsabilidad–, no aplica en casos en los que el bien perjudicado haya sido la vida y a causa de violaciones graves a los derechos humanos. Por lo tanto se debe entender que en esos casos el plazo no vence y la responsabilidad patrimonial del Estado puede reclamarse en cualquier momento.
Esta interpretación de la norma, de acuerdo con palabras de la Ministra, “busca preservar la memoria de las personas fallecidas y proteger los derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de los familiares de las víctimas”, así como entender a la responsabilidad patrimonial de manera más amplia, sin limitarse a lo económico
México Unido Contra la Delincuencia celebra que el proyecto elaborado por la Ministra Ríos Farjat priorice la protección de los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, por encima de formalidades del procedimiento que, claramente, no estaban pensadas por los legisladores para que sean aplicadas en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Así también, encomendamos a las demás integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte para que aprueben el proyecto propuesto, pues establece un precedente importante para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de las atrocidades cometidas por militares en funciones ajenas a la disciplina militar.
