AMLO: cinco años “apagando” el fuego con fuego
Por Jonathan De Vicente Encarnación, director de Incidencia política en México Unido Contra la Delincuencia
Artículo publicado en Animal Político
El 14 de noviembre de 2018, todavía como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018–2024, presentado como un nuevo paradigma de seguridad pública y mediante el que su gobierno entrante se comprometía a erradicar las causas estructurales de la violencia del país, es decir, las desigualdades sociales, bajo el eslogan “por el bien de México, primero los pobres”. En esa ocasión, Obrador declaró: “no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, […] el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”. Con estas frases y la promesa central de campaña de regresar a los militares a sus cuarteles, la autoproclamada Cuarta Transformación hizo creer a un pueblo lastimado por la “guerra contra el narco” que era posible terminar con la pesadilla iniciada en 2007.
El anuncio de un cambio de paradigma en seguridad pública se reafirmó en su toma de protesta, el 1° de diciembre de 2018, cuando Obrador anunció en el Zócalo capitalino sus 100 compromisos de gobierno, de los que cuatro estaban directamente relacionados con la seguridad pública.
El compromiso 84 establecía la reunión del Gabinete de Seguridad todos los lunes; el 85 anunciaba la conformación de la Guardia Nacional (GN) “si el pueblo de México y el Poder Legislativo lo aprobaban”; en el 86 preveía la construcción de 266 coordinaciones de seguridad pública en todo el territorio nacional a cargo de la GN; y en el 87 se comprometía a no utilizar a las Fuerzas Armadas (FFAA) en contra del pueblo, así como a terminar con la guerra y promover la construcción de la paz. De hecho la reforma constitucional del 26 de marzo de 2019 en materia de GN, estableció el carácter civil de esta.
Ya desde entonces, discursivamente, la estrategia de seguridad del presidente se condensó en su célebre frase: “abrazos no balazos”. A cinco años de su gobierno, ésta no pudo distar más de lo originalmente planteado: una orientada a perpetuar la presencia militar pero ya no nada más en la seguridad pública, sino en toda la vida pública.
Para Obrador, las FFAA son pueblo uniformado, altamente eficientes e incorruptibles. En cínica contraposición al sufrimiento de innumerables víctimas, para él las FFAA no violan derechos humanos porque, presume, durante su administración no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos.
De hecho, recientemente, durante su quinto informe de gobierno, destacó que “en materia de seguridad pública está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia, aplicando el principio de que la paz es fruto de la justicia. Los delitos del fuero federal se han reducido en 24 por ciento; el homicidio, en 17 por ciento; el robo, en 26 por ciento; el feminicidio, en 29 por ciento; el robo de vehículo, en 44 por ciento y el secuestro, en 80 por ciento”.
Si bien es cierto que las cifras oficiales destacan algunas disminuciones, es necesario analizar esto con perspectiva, porque, entre otras cosas, éstas demuestran, por un lado, avances más bien modestos, ante la magnitud de la crisis de inseguridad y violencia. Esto es más evidente a partir del análisis detallado de distintos delitos.
Por ejemplo, desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) se documentaron las siguientes cifras -también con base en fuentes oficiales- que para homicidio doloso y feminicidio se registraron 18,102 víctimas a nivel nacional en los primeros siete meses de 2023, es decir, una leve disminución de 3% respecto al mismo periodo de 2022; para delitos contra la libertad personal hubo 19,854 víctimas en el mismo periodo, lo que significó un aumento de 14% al comparar con el mismo periodo de 2022 y, para el delito de extorsión, hablamos de 6,423 víctimas, con -4% al comparar con el mismo periodo de 2022, pero con una de las cifras mensuales de este año más altas.
Al mismo tiempo, la presentación parcial de cifras positivas contrasta, sin lugar a dudas, con la dolorosa y compleja realidad que atraviesa a miles de familias en México. Por ejemplo, afirmar que ya no se desaparecen personas es invisibilizar el sufrimiento y lucha en los hogares de las 111,681 personas señaladas como desaparecidas o no localizadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esta atroz cifra demuestra que la crisis continúa y, de hecho, gracias a factores de entre los que destaca la perpetuación del actuar de las FFAA en tareas de seguridad.
Al respecto, en su visita en abril de 2022, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas expresó que el enfoque militarizado de la seguridad pública implica un riesgo en materia de derechos humanos, pues, “según la información oficial, entre 2007 y 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un total de 162 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina por violaciones graves a los derechos humanos, 15 de ellas relacionadas con casos de desaparición forzada”. En otras palabras, las FFAA sí desaparecen personas en México, por más que el presidente insista en que ya no es así.
En el marco de esta calculada presentación de resultados en materia de seguridad, López Obrador dedicó especiales felicitaciones a las FFAA “por sus labores en beneficio del pueblo de México”, de quienes destacó su participación en innumerables labores ajenas a la seguridad pública: “La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina han sido nuestros grandes apoyos, no sólo en materia de seguridad pública, sino también en labores de protección civil, control de aduanas, cuidado de puertos, aeropuertos e instalaciones de Pemex; en la construcción de 2 mil 564 sucursales del Banco del Bienestar; en la edificación de hospitales, distribución y aplicación de vacunas; en la entrega de libros de texto, en la construcción de 320 cuarteles, en la construcción de acueductos, canales y un distrito de riego en Nayarit…”.
Y las funciones que enlistó se quedaron cortas. De acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado más de 340 funciones y presupuestos civiles han sido transferidas a las FFAA desde 2007 de las que un ¡42%! han ocurrido este sexenio. Algo que, sin duda, debe alertarnos como ciudadanía porque estamos presenciado un proceso de militarización de la vida pública.
Desde MUCD hemos advertido que “el proceso de militarización que estamos presenciando en México está siguiendo la ideología del militarismo en por lo menos cuatro principales aspectos: la promoción de discursos por el gobierno que enfatizan la superioridad de los valores, estructuras y cuerpos militares; la aceptación entre la población de estos discursos, al punto de apoyar una posible intervención militar en el gobierno; la asignación de funciones de administración pública a los militares bajo el argumento de que éstos son más capaces y menos corruptos; y la creciente autonomía de los militares para ser un actor político que defiende sus propios intereses”.
Esa es la herencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado al país: el empoderamiento sistemático y cada vez más presente de las FFAA en todas las esferas de la vida pública. El uso del fuego “amigo” no solo es administrado por el Estado, también es aplaudido por sus fieles partidarios, esos que algunas vez expresaron su preocupación sobre la estrategia de seguridad, pero que ahora son omisos ante las atrocidades que vivimos porque son diferentes.
Resta un año para que concluya su mandato y es claro que utilizará todo su capital político para afianzar todavía más su estrategia militarista, pues ha anunciado, por ejemplo, su intención de que se apruebe una reforma constitucional que garantice el control de la GN por parte de la Sedena. En tanto, a cinco años de gobierno, ya hemos atestiguado una mayor militarización que nos presenta las posibilidades de pacificación y reducción de la violencia como verdaderamente lejanas, al mismo tiempo que la militarización de la vida pública resulta sumamente peligrosa para la democracia, la defensa y promoción de los derechos humanos y para la calidad del gobierno civil, con un gobierno cada vez más reducido en funciones y presupuesto en comparación con las FFAA, cuya llama crece cada vez más, con más poder económico y político.
Sobre el autor
Director de incidencia política en México Unido Contra la Delincuencia A.C. Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora. Ha colaborado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INE y en la SEDATU en donde ha dado seguimiento a la agenda internacional en materia de derechos humanos e igualdad de género. Es profesor de asignatura en la FCPyS de la UNAM en el área de política exterior.
