Condenamos nombramiento de otro militar como fiscal en Guerrero
- El Congreso de Guerrero aprobó el nombramiento del coronel Zipacná Jesús Torres Ojeda como nuevo Fiscal General local, en sustitución de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
- La designación de militares en cargos de procuración de justicia compromete la independencia e imparcialidad al momento de juzgar e investigar violaciones a derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas.
Ciudad de México, 4 de abril de 2024. Condenamos que el Pleno del Congreso de Guerrero aprobara este 3 de abril la designación de un militar como Fiscal General de la entidad. Ayer, el coronel Zipacná Jesús Torres Ojeda fue aprobado para el cargo sin ningún tipo de discusión sobre el nombramiento, con lo que el Congreso incumplió su papel de escrutinio para la designación de estos puestos y de contrapeso a la militarización de la función pública impulsada principalmente por Poderes Ejecutivos.
Esto ocurre por solicitud de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de destituir a la anterior Fiscal, la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, tras del asesinato del normalista de Ayotiznapa Yanqui Kothan Gómez Peralta ocurrido el 7 de marzo. Ya desde la designación de Sandra Valdovinos en 2021, la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre los riesgos de su nombramiento por ser una militar en activo.
Este tipo de designaciones responden al modelo federal que incrementa indiscriminadamente el poderío militar al darles el control de diversos sectores de la vida pública del país. Es especialmente indignante que ocurran en una entidad que ha sido históricamente agredida por las fuerzas castrenses con episodios sumamente violentos contra la población, su vida, sus derechos y sus territorios; todos cometidos y encubiertos por el Estado a través de las instituciones militares.
Naturalmente, el nombramiento de elementos castrenses frente a las instituciones de justicia vulnera gravemente la independencia e imparcialidad al momento de juzgar e investigar. Las Fuerzas militares no deben estar frente a ninguna institución de origen civil; no es el papel que legalmente les corresponde y, por tanto, no cuentan con formación y conocimientos técnicos sobre la justicia civil, lo que sin duda afectará la garantía de los derechos humanos y el debido proceso. Pese a ello, se ha nombrado nuevamente a un militar en activo al frente de la Fiscalía guerrerense.
La destitución de la teniente y el nombramiento del coronel se da junto con la renuncia del Secretario de Seguridad y del Secretario de Gobierno de la entidad a mediados de marzo, después de las manifestaciones detonadas por la fuga del policía acusado de asesinar al normalista Yanqui Kothan. A la par, en el municipio de Taxco aumenta el clima de violencia ante la falta de capacidades de las autoridades para investigar y resolver el caso del feminicidio de Camila, una niña de 8 años, cuya presunta agresora fue sustraída de su domicilio y golpeada por varias personas, concluyendo en su muerte.
Ante la crisis de violencia e inseguridad que se vive en Guerrero, es urgente que el gobierno local presente una estrategia que atienda integralmente las necesidades de justicia y paz de su población, que garantice la independencia y el carácter civil de sus instituciones en lugar de sumar al incremento del poderío e impunidad militar.