Ciudad de México a 21 de mayo de 2024.– En un evento sin precedentes, cuatro emblemáticas asociaciones de la sociedad civil (Corazón Capital, México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia y el World Justice Project) unen su conocimiento y experiencia en un empeño por promover el acceso a la justicia transparente y equitativa. Esta sinergia representa un punto de inflexión en el compromiso por garantizar un sistema judicial accesible para todas y todos los ciudadanos. Personas directivas y expertas de dichas asociaciones expusieron datos de sus investigaciones y diversos enfoques, con el objetivo de explorar vías de colaboración y estrategias, ante las candidaturas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El evento, titulado Foro Justicia incluyente para la CDMX, destacó la importancia de la colaboración entre sociedad civil y autoridades para asegurar un sistema judicial accesible, ágil, transparente y eficiente. A lo largo de las tres mesas de discusión, donde participaron representantes de cada una de las asociaciones, la academia, líderes de opinión y las candidaturas, se subrayó que la correcta impartición de justicia no solo recae en el gobierno, sino que requiere una participación de todos los sectores de la sociedad.
La primera mesa fue moderada por la periodista Ana Francisca Vega y contó con la participación de Mariana Campos y Susana Camacho de México Evalúa, la reconocida editorialista, Ana Laura Magaloni, y Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano.
Durante su participación, Mariana Campos, directora general de México Evalúa, mencionó que la cifra negra –entendida como la proporción de delitos que no se investigan ni se denuncian– es del 92%. Extorsión, con 97.8%, es el delito con menor denuncia, seguido por delitos que suceden en los hogares y que afectan particularmente a mujeres y niñas, como el hostigamiento sexual, con un 96.7% y violación, con un 91.2%. Es relevante evidenciar que el 75.3% de las razones por las cuales las personas no denuncian son atribuibles a la falta de confianza en las autoridades.
Por su parte, Susana Camacho, co-coordinadora del programa de justicia de la misma organización, comentó que en la capital del país el 63% de casos terminan en el archivo temporal y que la reparación del daño a las víctimas es escasa. Hizo énfasis en que los procesos de la fiscalía capitalina son poco eficientes y en que se sigue dando prioridad a la prisión preventiva, que en el caso de la CDMX es de 56%.
Por su parte, el candidato a jefe de gobierno, Salomón Chertorivski, planteó en su propuesta de política de seguridad y justicia con cuatro ejes principales: 1) Política criminal efectiva priorizando casos relevantes y con enfoque en la atención a víctimas; 2) Consolidar una corporación policial capacitada, con perspectiva de género; 3) Mejorar paga y servicios de salud de las personas que operan el sistema de justicia penal; 4) Desarrollar capacidades de la policía civil para recibir denuncias e investigar con tecnología y herramientas digitales. También propuso reformas en el Congreso capitalino para fortalecer una fiscalía realmente autónoma y que combata la impunidad.
En la segunda mesa, titulada “Acceso a la Justicia en la CDMX”, se dieron cita Alejandra Gasca de México Unido contra la Delincuencia, Juan Jesús Garza del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y la candidata Clara Brugada, de la coalición Morena-PVEM-PT. La mesa, moderada por Hernán Gómez, brindó a la audiencia luz sobre los retos que enfrenta el sistema.
La ex alcaldesa de Iztapalapa propuso la creación de un “Gabinete contra la Corrupción” integrado por instituciones de seguridad, incluyendo, la sociedad civil y recalcó que: “vamos a hacer que la justicia cívica no esté solo al lado de las agencias del Ministerio Público para que juegue su función más importante de resolver los conflictos a través de otro tipo de métodos y de mecanismos”.
Finalmente, la tercera mesa, moderada por Salvador Camarena, reunió a Alejandro González, del World Justice Project; Laurence Pantin, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Santiago Taboada de la coalición PAN-PRI-PRD.
El candidato detalló que la reforma que presentará buscará que el Consejo de la Judicatura se separe de la presidencia del Tribunal de Justicia y agregó que que lo primero que hará cuando sea jefe de Gobierno será una reforma al Poder Judicial y a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para acabar con la ineficiencia y la corrupción: “Lo que vivimos es que quien controla el Poder judicial también controla las sanciones y evaluaciones a jueces y magistrados.”
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