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• La Reforma Judicial aprobada atenta contra los derechos humanos, la división de poderes, la pluralidad democrática y los derechos de las víctimas de delitos. Distintas iniciativas del denominado “Plan C” son un retroceso democrático.

• Ante la aprobación, es urgente que la ciudadanía observe y fiscalice el proceso de discusión de la legislación secundaria y homologación de los marcos constitucionales de los estados, pues ahí pueden todavía vulnerarse más nuestros derechos.
  
• México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) refrenda su compromiso por la defensa de las víctimas y los derechos humanos.

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2024. La Reforma Judicial aprobada esta madrugada en el Senado de la República es un grave retroceso al Estado democrático de derecho en México. Socava el acceso a la justicia de las víctimas de delitos, la defensa de los derechos humanos, la pluralidad democrática y la división de poderes.

La iniciativa fue aprobada en un ejercicio legislativo marcado por una dinámica antidemocrática: primero, hizo oídos sordos a las múltiples preocupaciones y llamados al diálogo de numerosas organizaciones civiles y organismos internacionales, así como miles de personas juzgadoras, trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de diversos estados del país. Tampoco ofreció las condiciones para un debate realmente plural. La mayoría de las y los senadores mostraron una constante e inamovible negativa a atender la incertidumbre generada por la ausencia del Senador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, tras la presunta retención de su padre en el estado de Campeche.

Todavía más preocupante fue observar que los partidos promotores concretaron una mayoría calificada con el voto del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, a cambio de presumiblemente retirar órdenes de aprehensión de distintos delitos de los que se acusa a integrantes de la familia Yunes. De entre ellos, sólo Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz, ha sido señalado de actos de corrupción, tráfico de influencias, desvío y malversación de recursos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incluso se le ha señalado como parte de una red de pederastia.

Este proceder es signo de que la reforma no pretende atender a la justicia para mejorarla y democratizarla, sino que desnuda el interés del gobierno en turno de imponer un control político sobre el último de los tres poderes que era capaz de ser un contrapeso ante el avance de proyectos como la militarización de las funciones del gobierno civil. 

La independencia judicial ha sido totalmente vulnerada. Ahora, las y los jueces serán sometidos a múltiples grupos de interés, especialmente políticos, en el marco de unas votaciones que garantizan, de facto, la elección de aquellos perfiles seleccionados por el partido en el poder. Además, las personas juzgadoras quedan sometidas a un Tribunal que les podría castigar con sanciones -incluida la remoción- si fallos no son bien vistos por el poder en turno.

La reforma afecta directamente a la ciudadanía toda imponiendo nuevas barreras al acceso a la justicia de las víctimas de delitos; dejando totalmente desatendido el origen de la impunidad provocada por las graves falencias de las Fiscalías; poniendo en riesgo la continuidad de juicios orales; creando una figura de jueces sin rostro que impide que las víctimas e imputados sepan quiénes llevan sus casos e incluso por la posibilidad de que el nuevo Tribunal de Disciplina eche atrás fallos y resoluciones alcanzadas por las víctimas que han luchado por sus derechos.

La reforma también va a limitar al máximo la capacidad de la ciudadanía para defenderse con amparos ante leyes que violen los derechos humanos y los de sus comunidades porque prohíbe constitucionalmente las suspensiones y sentencias con efectos generales. Y más aún: ata las manos de las y los ministros para que no puedan ofrecer suspensiones con efectos generales ante controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Por otro lado, esta iniciativa no garantiza que las personas juzgadoras que resulten electas realmente estén capacitadas para impartir justicia. Significa un peligroso deterioro del ejercicio de la justicia porque elimina requisitos de capacitación y carrera judicial y prioriza la popularidad y carisma de las y los jueces, que ahora estarán más centrados en obtener votos y agradar a determinados sectores, que en impartir justicia de forma objetiva.

Lo que ha sucedido este 11 de septiembre en el Senado fue muy grave y debe leerse como una afrenta a la justicia, no es un acto de poder aislado. Recordemos que esta iniciativa se suma a otras integradas en el llamado “Plan C”, que también atentan contra los derechos humanos y la estabilidad democrática del país como la reforma en materia de Guardia Nacional, que implica la completa militarización de la seguridad pública federal; la de simplificación administrativa, que supone la eliminación de órganos autónomos como el INAI, y la de prisión preventiva oficiosa, que amplía aún más la arbitrariedad de las fiscalías.

Frente a ello MUCD refrenda su compromiso por la defensa activa del Estado de Derecho y seguiremos trabajando de la mano con la ciudadanía, víctimas, personas defensoras, organizaciones civiles y organismos que impulsan la agenda de la justicia, la seguridad ciudadana, la democracia y los derechos humanos. Vigilaremos el proceso legislativo de las leyes secundarias que harán operativa esta reforma para que figuras como los jueces sin rostro no se contrapongan a los derechos de las víctimas y los imputados en los procesos penales; impulsaremos la defensa del acceso a la justicia y los derechos de las de las víctimas del delito ante tribunales, para que no sean afectadas por la interrupción de sus procesos ante las elecciones de jueces y magistrados. 

De igual forma, apoyaremos los esfuerzos de incidencia a nivel nacional e internacional, como los impulsados por el Poder Judicial ante Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Continuaremos informando y movilizando a la ciudadanía sobre los riesgos de ésta y otras reformas, con el objetivo de que se sumen de manera informada a la defensa de la justicia y la democracia. Sumaremos esfuerzos con organizaciones y activistas para resistir a estos embates al Estado de derecho. Exigiremos transparencia y rendición de cuentas, diálogos democráticos y espacios de escucha. En MUCD, seguiremos resistiendo desde el activismo.