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• La reforma va más allá del traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con ella la seguridad pública federal se militariza y pierde el carácter civil y policiaco que debe tener esta corporación de seguridad. 

• La presidencia de la República podría disponer de las Fuerzas Armadas (FFAA) en cualquier tarea que le ordene, no únicamente en tareas de seguridad pública. Esto aceleraría el proceso de militarización del país.  

• Reiteramos nuestro llamado al Congreso de la Unión a no aprobar la reforma y a defender los límites sobre la participación de las FFAA en tiempos de paz, ya que de aprobarse perderemos la subordinación que debe existir ante las autoridades democráticamente electas. 

Ciudad de México, 19 de septiembre de 2024. El Congreso de la Unión retomará hoy las discusiones sobre la reforma constitucional en materia de GN. Esta iniciativa de reforma se enmarca –junto con la del Poder Judicial y la de simplificación administrativa que eliminaría a diversos organismos autónomos– como un nuevo embate a la democracia y el orden constitucional vigente. De aprobarse tal como está planteada, la seguridad pública a nivel federal se militarizaría y los candados democráticos para limitar la participación de las FFAA desaparecerían.

Una de nuestras principales preocupaciones es la reforma al artículo 129 constitucional, principal candado que limita la participación de las FFAA en tareas ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz. La reforma pretende que las corporaciones castrenses puedan participar en cualquier tarea establecida en la Constitución y otras leyes secundarias. Es decir, cualquier tarea estaría permitida, aunque no esté relacionada a la seguridad, lo que aceleraría el proceso de militarización del país, mismo que dieron cuenta los secretarios de la Defensa Nacional y Mariana en el pasado desfile militar al enlistar las funciones que desempeñan, entre las cuales se encuentran la administración de empresas productivas, construcción y operación de los aeropuertos, aduanas, puertos, etc.

Esta reforma también traería otras afectaciones a los derechos humanos y la democracia del país. La militarización de la seguridad pública no ha contribuido a la pacificación del país y ha obstaculizado los esfuerzos por fortalecer a los cuerpos policiacos e implementar estrategias de seguridad ciudadana. Aumentará también el riesgo de violaciones a los derechos humanos, particularmente de los grupos vulnerables, porque las corporaciones castrenses tendrán capacidad de iniciar investigaciones para perseguir delitos sin contar con las capacidades para ello. 

Como hemos advertido en otras ocasiones, hacemos un llamado al Congreso de la Unión a reflexionar sobre los riesgos de esta reforma, destacando la importancia de encontrar soluciones que no comprometan los principios democráticos sobre la participación de las FFAA en tareas de seguridad ni los derechos fundamentales de la ciudadanía. Instamos a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a evaluar cuidadosamente el impacto a largo plazo de estas medidas y considerar alternativas que fortalezcan el mando civil y garanticen la seguridad en un marco de respeto a los derechos humanos. El debate en torno a esta reforma es crucial para el futuro de la seguridad pública en México. Instamos al Congreso de la Unión a priorizar el diálogo abierto y a tomar en cuenta las voces de la sociedad civil en la búsqueda de un modelo de seguridad que respete la democracia y promueva la paz.

Consulta el análisis completo de la reforma: La Militarización plena y permanente de la seguridad en México