Pronunciamiento de MUCD ante la presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad de la nueva administración federal
- Entre los ejes de acción de la estrategia presentada por Sheinbaum destacan algunos elementos que podrían abonar a atender el fenómeno de inseguridad en México, sin embargo, es urgente hacerlo con enfoque civil.
- Es lamentable que la militarización de la seguridad continúe vigente. La paz en México no se logrará si en el plan de seguridad nacional se sigue teniendo como columna vertebral el empoderamiento del Ejército. México necesita apostar por una seguridad que no ponga en riesgo los derechos humanos y el carácter civil del gobierno.
Ciudad de México, 8 de octubre de 2024. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la nueva estrategia de seguridad pública, con cuatro ejes: 1) atención a las causas estructurales de las violencias e inseguridad, con énfasis en la provisión de servicios del bienestar; 2) la consolidación de la Guardia Nacional (GN) bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); 3) fortalecimiento de las tareas de investigación e inteligencia a través de una nueva Subsecretaría adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); y 4) mayor coordinación entre los integrantes del gabinete de seguridad, incluyendo el trabajo con los estados y municipios.
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) observa algunas propuestas de cambios e innovaciones que, de ser aplicadas con enfoque civil, amplia participación ciudadana y respeto irrestricto a los derechos humanos, podrían sumar a la necesaria atención que amerita la crisis de inseguridad en el país. No obstante, mantenemos una profunda preocupación sobre aspectos de la propuesta que, entre otras cosas, prioriza perpetuar el uso y empoderamiento de los militares en materia de seguridad, pese al riesgo que esto implica para los derechos humanos, la paz y la misma democracia.
Entre los aspectos que podrían resultar provechosos de la estrategia se encuentra la intención de virar hacia una atención focalizada y prioritaria tanto para los delitos de alto impacto como de las entidades con mayor incidencia delictiva. Esto es positivo porque sugiere abordar una gama amplia de delitos para dejar de centrarse casi exclusivamente en cifras de homicidios -cuya crisis es innegable-, y se anuncia la voluntad de poner en el mapa otros delitos de alto impacto que urge atender, como el cobro de piso y la extorsión.
Al mismo tiempo, se informó que se dará atención en estados como Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa en calidad de prioritarios. Durante los últimos seis años, a través de nuestro Atlas de Homicidios desde MUCD hemos insistido con la necesidad de adoptar este enfoque, con base en evidencia: empujar la localización territorial hablaría de la voluntad de trabajar para entender y atender las dinámicas delictivas que operan en cada uno de estos territorios, acorde con sus necesidades concretas.
Un tercer aspecto rescatable de la estrategia presentada la encontramos en la propuesta de un enfoque más integral que propone impulsar acciones de prevención, inteligencia preventiva, fortalecimiento de instituciones de seguridad pública como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la conformación de un Modelo de Formación Nacional de Policías para el fortalecimiento de policías locales, así como la coordinación del gabinete de seguridad con gobiernos estatales entendiendo los fenómenos de violencia e inseguridad como problemas compartidos.
No obstante, la propuesta tiene aspectos preocupantes y no menores. Desde la perspectiva de la Titular del Ejecutivo Federal, esta estrategia buscará la creación de una “paz duradera” en el país, pero esto no se logrará si, en su columna vertebral, continúa priorizando -y negando- la militarización. Esta estrategia sigue la misma línea de la administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el uso intensivo de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad, pese a los graves riesgos que esto representa.
La Presidente descansa la estrategia en la militarización con un diseño constitucional que ya garantiza el dominio de las FFAA en todas las acciones de seguridad a nivel nacional y, aún más, en todo tipo de funciones públicas. Con el grado de autonomía que se ha garantizado a las FFAA, éstas no tendrán incentivos para coordinarse y mucho menos subordinarse al poder civil, sino que actuarán bajo una lógica de dominación y empoderamiento.
Esto es contradictorio al eje de fortalecimiento policial porque el empoderamiento militar, como hemos demostrado por años, ha ido en detrimento directo de la seguridad civil e instituciones policiales y ha hecho que los estados y municipios dejen de invertir en sus policías con la desaparición de los apoyos federales para este fin.
Por otro lado, la estrategia, si bien presenta algunos ejes generales, no especifica cómo se llevará a cabo ni plantea metas e indicadores concretos para medir el alcance de sus objetivos, ni se presentaron cálculos de los costos que representaría para su sostenimiento. Sin estos elementos, es imposible construir una política pública operativa, con elementos que garanticen su transparencia y eficacia.
Preocupa también que que, entre los enfoques de atención prioritaria se hable de atender “homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada”, una categoría que recuerda mucho a las que en su momento fueron entendidas como “muertes por rivalidad” entre supuestos integrantes de la delincuencia organizada en el calderonato, y que eran presentados como tal para criminalizar a la población civil y dejar en la impunidad estos delitos, sin las investigaciones pertinentes.
La permanencia de mandos y direcciones verdaderamente civiles es un reto que está en riesgo latente. Desde MUCD observamos que, si bien es importante por ejemplo el anunciado fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación, se debe garantizar que estén bajo un mando civil y que esto no signifique la persecución de personas defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas; sino que efectivamente contribuyan al esclarecimiento de delitos y al desmantelamiento de redes criminales.
México necesita una seguridad civil: apostar por una seguridad con rumbo no militarizado, recuperación y fortalecimiento de las policías en todo el país, generación de evidencia confiable, coordinación real entre los gobiernos de todos los niveles con enfoque estratégico y no reactivo, atención efectiva a los delitos victimizantes más graves, enfoque territorial y coadyuvancia en investigaciones; todo, con respeto irrestricto a los derechos humanos y al carácter civil del gobierno es lo que puede ayudar a avanzar a la paz que México necesita.