Lamentamos que la aprobación de la reforma que amplía el catálogo de prisión preventiva oficiosa
- La reforma aprobada la madrugada de este jueves 28 de noviembre por el Senado contraviene con los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.
- La extorsión, el tráfico de fentanilo y la falsificación de comprobantes fiscales se añaden como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (PPO), pero no existe evidencia de que esta medida realmente disminuya estos delitos.
- Esta figura afecta los derechos humanos de grupos históricamente vulnerados al estigmatizarlos y negarles un acceso pronto a la justicia, no es una medida para la reducción de la incidencia delictiva y es falso que con esta figura se generará un país más seguro y en paz.
Ciudad de México, 28 de noviembre de 2024. En México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) condenamos la decisión del Senado de la República en aprobar la reforma constitucional en materia de PPO, una figura violatoria de los derechos humanos reconocidos en la misma Constitución y de los principios básicos del derecho internacional como: la excepcionalidad de la medida, la presunción de inocencia, el debido proceso, entre otros. A pesar de que esta figura existe desde 2008, no ha servido para mejorar la situación de seguridad en el país y también es falso que su eliminación –como se planteó en las discusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– dejaría en libertad a cientos de “delincuentes”.
La PPO está regulada en el artículo 19 de nuestra Constitución e implica la privación automática de la libertad de las personas vinculadas a proceso por ciertos delitos, sin la necesidad de probar plenamente que los cometieron. Con la reforma se añaden al catálogo de delitos que ameritan esta figura la extorsión, un delito de alto impacto que hasta el primer semestre de 2024 se han reportado 6,353 víctimas a nivel nacional, aumentando 1% al comparar con los mismos meses de 2023; el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas; y la falsificación de comprobantes fiscales con el fin de prevenir el lavado de dinero de organizaciones criminales.
Si bien es positivo que no se haya incluido en el catálogo lo referente a delitos de narcomenudeo, como inicialmente estaba previsto, lo cierto es que la inclusión de los delitos relacionados con fentanilo se da en un contexto en el que se carece de información sobre patrones de consumo de sustancias psicoactivas en el país y del aumento de muerte por sobredosis por estas sustancias en Estados Unidos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado que esta medida ha sido usada de manera desproporcionada en México, afectando particularmente a grupos vulnerables como mujeres, personas indígenas y afrodescendientes, en situación de movilidad, entre otros. En 2023 reiteró que el Estado mexicano debería revisar el marco jurídico nacional para eliminar esta figura e incluso algunos integrantes de la SCJN expresaron que esta figura es inconstitucional y desmintieron que con su invalidez se liberaría a miles de delincuentes.
Hacemos un llamado a los Congresos locales a rechazar esta reforma. Es alarmante que el Congreso de la Ciudad de México aprobara esta reforma tan solo minutos después de su aprobación en el Senado de la República. Las y los legisladores deben ver por la construcción de un país más seguro o de traer justicia para las víctimas, no generar más vulneraciones a los derechos humanos.
