Por: Alejandro Ravelo Sierra, investigador de MUCD

Apenas este 3 de diciembre se aprobó una reforma en materia de drogas que prohíbe a nivel constitucional los vapeadores y otras drogas sintéticas, bajo el argumento de proteger la salud de las y los mexicanos. Esta reforma es la última de las aprobadas por la actual Legislatura, y corresponde al paquete de reformas que fueron enviadas desde febrero por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobra decir que, esta reforma apunta al camino incorrecto para transformar la política de drogas, pues se ha comprobado que el prohibicionismo ha probado ser el enfoque incorrecto para atender los problemas asociados con las drogas.

Esta reforma hará poco por terminar con los problemas asociados con estas drogas y generará otros nuevos, por ejemplo, al abrir la posibilidad de que el crimen organizado capte el mercado en ascenso de los vapeadores, e introducir una categoría sumamente ambigua sobre “drogas sintéticas”, y prohibir la producción, tráfico y consumo. Esto último afectará más a personas usuarias, volviéndolas objeto de persecución y represión estatal, y al personal médico y científico, que enfrentarán más barreras legales para usar “drogas sintéticas” con fines médicos legítimos, por ejemplo el fentanilo.

El énfasis de la reforma en el fentanilo es un punto importante. El fentanilo es un opioide sintético más potente que la morfina, usado para tratar a pacientes con enfermedades terminales y que están pasando por procedimientos invasivos. Esta sustancia comenzó a aparecer en el mercado ilícito de Estados Unidos en el contexto de la crisis de los opioides, y a sustituir a opioides de menor intensidad como la heroína. Su mayor intensidad y la saturación del mercado llevó a un aumento drástico en las sobredosis, que ha llevado a que el país haya tenido más de 100 mil muertes anuales por sobredosis desde 2021. Sólo en 2022, la CDC atribuyó más de 80 mil de estas muertes a sobredosis por opioides y mucha de este fentanilo es traficado desde e incluso producido en México.

Desde el gobierno anterior, México ha carecido de datos sobre consumo del fentanilo, por lo que sus estrategias, campañas y políticas han partido de supuestos morales y no de la evidencia científica. En el gobierno de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma de la política de drogas no ha sido un tema central, y en cambio se ha optado por continuar con la estrategia prohibicionista y estigmatizante del gobierno anterior. En ese sentido, el prohibicionismo reflejado por esta reforma parece responder menos a la convicción de que ésta es la respuesta a los problemas de drogas, y más a una combinación entre la continuidad con la política del gobierno anterior, y la reciente llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. 

Al respecto, aunque la presión por atender el tráfico de fentanilo ya existía, Donald Trump ganó la elección prometiendo medidas estrictas si el gobierno mexicano no hace más por detener la entrada del fentanilo, que van desde aranceles a productos mexicanos hasta invadir unilateralmente al país para enfrentar a los cárteles de drogas. Esta última medida, en particular, haría poco por detener el tráfico de sustancias, y sólo aumentaría la violencia y violaciones a derechos humanos en México. 

La influencia de estos discursos y la poca disposición a defender alternativas es particularmente paradójica si consideramos que, por primera vez desde 2018, las muertes anuales por sobredosis están bajando en Estados Unidos. Aunque es difícil saber qué factor es el determinante en esta reducción, la atención a esta crisis desde un enfoque de salud pública y reducción de daños por el gobierno de Joe Biden definitivamente ha influido en esto, por ejemplo facilitando el acceso a medicamentos como la naloxona que pueden detener una sobredosis de opioides. 

Si bien es pronto para cantar victoria, este tipo de enfoques parecen ya estar dando resultados, y abren la puerta para encontrar soluciones comunes entre ambos países a los problemas de las drogas sintéticas. Seguir apostándole al prohibicionismo no sólo es inútil, también abre la puerta a justificar medidas como la que actualmente está  proponiendo el presidente electo. Bajo este contexto, es necesario tomar esta oportunidad para construir una alternativa a esta política fracasada, para atender el problema de drogas desde la salud pública y no la seguridad.