Análisis ciudadano sobre la Ley General contra la Extorsión

La nueva Ley General contra la extorsión, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados y turnada al Senado, busca homologar criterios en todo el país para la definición del delito, sus agravantes y fortalecer la coordinación entre autoridades. Sin embargo, el análisis realizado por MUCD identifica que la propuesta contiene falencias, manteniendo un enfoque punitivo que prioriza el castigo por encima de la prevención.
Aunque la propuesta incorpora mecanismos de cooperación y una Estrategia Nacional, la iniciativa carece de acciones concretas para cumplir con las obligaciones que genera la nueva legislación, reducir la impunidad y prevenir efectivamente este delito. El proyecto legislativo podría ampliar la discrecionalidad judicial, aumentar la criminalización y debilitar la reinserción social al restringir beneficios preliberacionales. Además, hay ausencia de políticas de prevención integral y de participación ciudadana en el diseño de estrategias. Este análisis invita a reflexionar sobre la necesidad de construir una política para atender la problemática de las extorsiones en México con un enfoque preventivo, social y de derechos humanos.