A continuación, compartimos la declaración de organizaciones de la sociedad civil en la 69 sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND) de la ONU, acerca de los riesgos del uso del marco antiterrorista para perseguir al crimen organizado en América:
Hacemos esta intervención en nombre de un consorcio de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por la defensa de los derechos humanos y la democracia, especialmente en América Latina.
En su Informe Anual de 2025, la JIFE expresó preocupación por el aumento de las ejecuciones extrajudiciales por sospecha de narcotráfico, señalando que violan los derechos humanos y las convenciones internacionales de control de drogas.
Uno de los problemas en América Latina está siendo el uso del marco antiterrorista para combatir a las organizaciones criminales. La imposición del término “narcoterrorismo” se usa para entender un conjunto de problemas heterogéneos. Se trata de una confusión deliberada de categorías que busca introducir una nueva ola de medidas de excepción y militarización.
No se trata de relativizar la gravedad de las actividades del crimen organizado, que han consolidado formas de gobernanza criminal que derivan en gravísimas violaciones de derechos humanos.
El uso del marco antiterrorista implica, por la forma en que se configuró luego del 11S de 2001, la militarización, la suspensión de garantías, y la alta opacidad estatal con ausencia de rendición de cuentas. Recientemente varios gobiernos reciclaron este marco para justificar una nueva fase de militarización y legislación de excepción para abordar la criminalidad organizada, ahora recategorizada como “narcoterrorismo”.
Las consecuencias del fracaso de la “guerra a las drogas” han sido evidenciadas. Todas ellas vuelven a estar vigentes y se intensifican con la expansión de la idea de “narcoterrorismo”. En los últimos meses este problema fue llevado al extremo al utilizar esa categoría como herramienta para habilitar intervenciones militares, ignorando la legalidad internacional.
Los países que adoptan este marco rápidamente lo expanden para perseguir a la disidencia política, a sectores vulnerables como migrantes y pueblos indígenas, y para achicar el espacio cívico.
El problema no es sólo el tipo de políticas antiterroristas. Esta categoría invisibiliza dos dinámicas clave de la criminalidad organizada: la connivencia estatal y su imbricación en la economía. Al ocultarlas, el marco antiterrorista aumenta la violencia y resulta ineficaz. El problema es la gobernanza criminal, no el terrorismo.
Es necesario terminar con la “guerra a las drogas”, fortalecer los controles de flujos financieros y garantizar investigaciones independientes. Si las autoridades locales no garantizan el acceso a la justicia y la rendición de cuentas debe ser la comunidad internacional quien las promueve para evitar la impunidad.
Instamos a la CND a trabajar junto con los Estados, emitiendo recomendaciones para limitar el uso de la herramienta militar en estos problemas y restringir los regímenes de excepción justificados por “narcoterrorismo”
Por todo ello llamamos a los Estados a abstenerse de utilizar el marco antiterrorista para abordar los problemas de la criminalidad organizada y a desarrollar políticas integrales especialmente enfocadas en las comunidades más vulnerables, sin convertirlas en zonas de guerra.
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
CEA Justicia Social
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