- Las organizaciones de la sociedad civil son parte del espacio cívico que toda democracia debe proteger.
- La imposición de burocracia y tramitología excesiva son barreras impuestas para dificultar su labor y disuadir la captación de recursos necesarios para el ejercicio de su labor.
Ciudad de México, 24 de marzo de 2025. La reciente revocación y cancelación de autorizaciones para recibir donativos deducibles a más de un centenar de organizaciones civiles por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una situación preocupante que no sólo restringe la labor del sector, sino que impacta directamente en la vida de miles de personas beneficiarias de sus actividades, así como al espacio cívico.
Las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para la defensa de derechos humanos, el acompañamiento a víctimas, el impulso de la participación ciudadana, la observación del actuar de las autoridades, la construcción de mejores políticas públicas, la protección de territorios y comunidades, el acceso a la justicia, entre otras actividades indispensables para la mejora de las condiciones de vida.
Desde México Unido Contra la Delincuencia no ignoramos la importancia de que las organizaciones operemos con transparencia y apego a la legalidad, así como la necesidad de estudiar su cumplimiento caso por caso, no obstante, destacamos que en México y otros países de América Latina, el sector actualmente enfrenta barreras fiscales y normativas cada vez más difíciles de superar que terminan por reducir la posibilidad operación, alcance e incidencia de las organizaciones. Por ejemplo, imponiendo requisitos burocráticos que bloquean su posibilidad de captar los de por sí escasos recursos económicos necesarios para realizar su labor.
Las OSC en México viven una fiscalización desproporcionada: la solicitud de tramitología y burocracia excesiva termina por golpear la creación, subsistencia y actuación de estos grupos, impide la obtención o recuperación del estatus de donatarias autorizadas, disminuye las posibilidades de donaciones, reduce la sostenibilidad y dignidad de la labor, y termina por forzar la extinción de organizaciones que no pueden acceder a asesoría legal o contable por falta de recursos.
Estas medidas disuaden a las personas y grupos de organizarse, participar y aportar a un país mejor. Desde MUCD, realizamos un llamado al gobierno de México a promover y garantizar la labor de organizaciones civiles que, de la mano de todos los sectores, incluido el gubernamental, han demostrado ser capaces de fortalecer el tejido social e impulsar la protección y defensa de derechos.
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