14/11/2018, FORBES MÉXICO,Juan Francisco Torres Landa*
El 2017 fue uno de los peores años en incidencia delictiva, particularmente, en homicidios dolosos, valorados desde que contamos con un registro para este tipo de datos en el país. Lamentablemente, 2018 ya lo rebasó y, de acuerdo con el panorama actual, vemos que los problemas de inseguridad y violencia, están muy lejos de ser solucionados. Vamos por una ruta perdedora, sin rumbo, donde la calidad de vida se deteriora día con día. Las escenas cotidianas involucran robos con violencia incremental, cobros de derecho de piso, secuestros de todo rango social y duración, huachicoleo con gran impacto para la industria, trata de personas, homicidios, feminicidios, etcétera. Un panorama ciertamente desolador.
En este sentido, podríamos formular la siguiente pregunta: ¿qué están haciendo las autoridades para revertir esta tendencia que ya lleva años acumulándose? En los hechos, muy poco. Salvo gastar enormes cantidades de dinero en políticas públicas ineficientes y contraproducentes, en consecuencia, no hemos visto nada que sea realmente útil. Siendo un problema multifactorial, destaca la terquedad por impulsar la prohibición de drogas, una estrategia que ha fortalecido financieramente a muchas bandas delincuenciales, siendo la reacción de las autoridades detener a las cabezas de algunas organizaciones, solamente para ver cómo se fragmentan y pelean los lugartenientes con gran violencia los liderazgos y el dominio territorial. Las bandas delincuenciales así se han multiplicado por cientos, volviéndose mucho más complejo contrarrestarlas o debilitarlas. Un desastre en cuanto a eficiencias y resultados se refiere.
Así llegamos a esta complicada coyuntura con el cambio de gobierno, misma que genera una enorme expectativa con respecto a si realmente tenemos frente a nosotros una mejor instrumentación de políticas públicas, rentables y eficientes, en materia de seguridad y justicia. Lo anterior, debería pasar por eliminar la prohibición de drogas, un asunto que recientemente pareció adquirir cierto eco entre los nuevos funcionarios, gracias a ello, la reciente adopción del criterio jurisprudencial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en temas de mariguana se fortalece. Asimismo, la abrogación de la Ley de Seguridad Interior con el fin de suprimir la militarización de la seguridad pública. Con esto, impulsar la profesionalización de los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales, a fin de tener organizaciones que operen con criterios de eficiencia, inteligencia, coordinación, prevención y suficiencia. De igual modo, promover la capacitación y medición de resultados de las procuradurías y fiscalías, optando en todos los casos por apoyar su independencia y autonomía para que no dependan o estén supeditadas al jefe del poder ejecutivo en turno en ningún nivel, particularmente, aquello relativo al Fiscal General de la República en su proceso de designación. Concretamente, en todos los casos, mantener un enfoque que privilegie la prevención del delito y el pleno respeto a los derechos humanos.
No obstante, lo claramente importante del diagnóstico es la necesidad de implementar políticas públicas que atiendan puntualmente las necesidades del país, aprovechando, para ello, el acervo acumulado de datos, conocimientos, estudios y dictámenes de múltiples organismos, universidades y centros de estudio. Entretanto, ha sido preocupante el fenómeno de improvisación, y de desperdicio de tiempo y recursos.
*Consejero de México Unido Contra la Delincuencia A.C.
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