Una de las grandes razones por las que se promulgó la reforma penal en México, fue la falta de certeza jurídica para las personas sujetas a un procedimiento penal. El sistema de justicia penal inquisitivo (el sistema anterior) caracterizado por la falta de transparencia, por procedimientos altamente burocráticos y lleno de disfuncionalidades, apuntaló la necesidad de transformar el modelo anterior en un sistema de impartición de justicia procesal penal acusatorio garantista y proteccionista de los Derechos Humanos tanto de víctimas y ofendidos como de las personas sujetas a un procedimiento penal.
Desde la etapa de implementación y operación, el sistema de justicia penal acusatorio ha representado retos para las fiscalías en creación de capacidades técnicas, materiales y de infraestructura, pero también ha registrado importantes avances para lograr su consolidación. Desafortunadamente, la existencia de malas prácticas ha alimentado los intentos contra reformistas que sugieren que el debido proceso y el respeto de los Derechos Humanos son los culpables de la inseguridad y violencia en México.
Por eso te presentamos la campaña #EnDefensadelAcusatorio porque no podemos dar #NiUnPasoAtrás.