- Las reformas que se discuten en el Legislativo confirman el carácter militar de la GN y le otorgan facultades peligrosas para la seguridad y los derechos.
- Concretan la transformación de la GN en una fuerza armada, sin atender la regulación de la intervención de las demás fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, como lo ordena la Constitución.
- El Congreso debe corregir abusos y omisiones, para establecer controles a la intervención militar en materia de seguridad y proteger los derechos.
Ciudad de México, 24 de junio de 2025. Ante la inminente aprobación del paquete de reformas legales enviado por la Presidenta de la República para armonizar al menos 9 leyes a la reforma constitucional de 2024 y concretar la conversión de la Guardia Nacional en una cuarta fuerza armada, desde MUCD expresamos nuestra profunda preocupación por numerosas disposiciones que ponen en riesgo los derechos, profundizan aún más la militarización y omiten establecer controles o regulaciones claras al uso de fuerzas armadas en seguridad pública. Por ello, instamos al Poder Legislativo en su conjunto a estudiar el proyecto de reformas y a corregir todos sus aspectos problemáticos a fin de respetar los derechos de las y los mexicanos y detener la aún mayor profundización de la militarización del país.
Las modificaciones relativas a la Guardia Nacional, en concordancia con las reformas del sexenio anterior, eliminan todo carácter civil de esta corporación para formalizarla como la cuarta Fuerza Armada de México. Ahora, sus elementos sólo pueden provenir del Ejército o la Fuerza Aérea y requerirán tener formación militar, antes que completar una formación policial complementaria. Al convertirse en militares, los guardias nacionales responderán a un modelo de educación, reclutamiento, rangos, prestaciones y régimen de disciplina castrenses e incluso adquirirán la posibilidad de solicitar licencias para competir por cargos de elección popular, algo que se le otorgó a las Fuerzas Armadas desde 1986.
Las modificaciones enviadas al legislativo también amplían las facultades de esta corporación, autorizándoles, entre otras, intervenir las comunicaciones privadas para la persecución de delitos relacionados con hidrocarburos o realizar operaciones encubiertas y de usuarios simulados, así como investigar los hechos que se deriven de estas operaciones. Lo anterior constituye un claro contrasentido con los principios de seguridad pública y civil que reservan la investigación del delito a autoridades civiles. Al transformar a la Guardia Nacional en fuerza armada pasamos de tener civiles investigando civiles, a tener militares investigando a civiles.
Llama la atención que, aunque los objetivos de este paquete de reformas debieron restringirse a la Guardia Nacional el dictamen aprobado en lo general en la Cámara de Diputados contiene otros cambios que otorgan otras facultades en materia de seguridad nacional para la Secretaría de la Defensa, particularmente en el ramo de inteligencia. Así, estarán facultados también para procesar información a través de inteligencia, requerir información de seguridad nacional con el Consejo de Seguridad Nacional y coordinar acciones inmediatas para “mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”.
Adicionalmente, resulta preocupante que si bien el dictamen sí cumple con la homologación legal para convertir a la Guardia Nacional en una fuerza armada, omite totalmente dar cumplimiento a la obligación constitucional del Congreso de la Unión de emitir la legislación necesaria para regular el uso de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública. Esta obligación, que proviene directamente de la Reforma Constitucional de septiembre de 2024, debió haberse cumplido en un plazo no mayor a 180 días, mismo que venció en marzo de 2025.
MUCD ha advertido a lo largo de los últimos cuatro sexenios sobre los riesgos y los impactos negativos de la militarización. De la mano de víctimas, especialistas, organizaciones y activistas, ha documentado las violaciones a los derechos humanos producto de la participación de militares en seguridad pública y ha denunciado el aumento de detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales, así como de la violencia en general, señalando que la estrategia del sobre-uso de militares afecta también la prevención y atención del delitos, y abona a la impunidad. Al día de hoy, y dado que la expansión del poder militar no sólo abarca la seguridad, sino muchas otras tareas gubernamentales, a la denuncia sumamos también la erosión del gobierno civil y del Estado democrático de derecho.
Por eso hacemos un llamado enérgico a las y los legisladores a no aprobar esta reforma y a abrir espacios de diálogo para fortalecer la vía civil.
