- La iniciativa de Ley Contra Feminicidios presentada este 2026 por el Ejecutivo privilegia una respuesta punitiva sin resolver las deficiencias estructurales que impiden investigar y sancionar adecuadamente este delito.
- Mientras que el Programa para atender las violencias contra las mujeres, también presentado este 2026, representa un avance pero mantiene áreas de oportunidad.
- En ambos casos, sin presupuesto y fortalecimiento institucional serán insuficientes para garantizar la reducción de violencia contra las mujeres.
Ciudad de México, 29 de junio de 2026. En marzo y mayo de este año, el gobierno federal presentó una iniciativa de Ley de Feminicidio y su Programa para atender las violencias contra las mujeres 2026-2030, para responder a la crisis de feminicidios y violencia extrema de género en nuestro país.
Al respecto, desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Balance A.C. y EQUIS Justicia para las Mujeres reconocemos que esto representa un avance al colocar nuevamente la violencia feminicida en la agenda pública nacional e impulsar acciones como la homologación de protocolos. Particularmente, el Programa Integral recupera una visión que entiende las violencias contra las mujeres como un fenómeno estructural y plantea la prevención y coordinación institucional.
No obstante, en nuestro análisis ¿Prevenir o sancionar? hallamos que ambos instrumentos serán insuficientes si no fortalecen las capacidades del Estado y las instituciones a cargo, pues la atención a estos temas no puede reducirse al endurecimiento de las penas ni a planes generales sin visión preventiva efectivamente operativa, presupuesto suficiente y una ruta clara de ejecución y evaluación.
Por un lado, la iniciativa de Ley tiene una visión punitiva, que privilegia el endurecimiento de las sanciones, amplia agravantes, restringe beneficios procesales y refuerza el uso del sistema penal como principal herramienta para enfrentar el feminicidio. Esta apuesta no sólo resulta insuficiente para reducir la violencia, sino que puede reproducir desigualdades, generar nuevos riesgos para mujeres en situación de vulnerabilidad y dejar intactos los problemas que hoy impiden investigar los casos con diligencia.
Nuestro análisis identifica diversos riesgos que podrían debilitar, en lugar de fortalecer, el acceso de las mujeres a la justicia. Entre ellos destacan la ausencia de presupuesto para implementar nuevas obligaciones en fiscalías y servicios periciales; que el análisis de contexto (que es fundamental para investigar con perspectiva de género) quede sujeto a la discrecionalidad del Ministerio Público; la inexistencia de mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de los protocolos de investigación; disposiciones que pueden generar efectos adversos para mujeres sobrevivientes y grupos históricamente discriminados; así como una lógica centrada en el castigo que deja sin atender las causas estructurales de la violencia y las condiciones que hoy producen impunidad.
Asimismo, ¿Prevenir o sancionar? advierte que incluso el Programa Integral, pese a su enfoque preventivo, mantiene indicadores que privilegian el incremento de sentencias sobre la evaluación de las acciones dirigidas a prevenir la violencia feminicida, lo que puede generar incentivos institucionales que reproduzcan una visión centrada en la sanción y no en la garantía de derechos.
Frente a este escenario, MUCD, Balance A.C. y EQUIS Justicia para las Mujeres llamamos a que estas propuestas de política pública coloquen verdaderamente a las víctimas en el centro. Esto implica establecer obligaciones claras y exigibles para las autoridades; garantizar recursos suficientes para fortalecer fiscalías, servicios periciales y mecanismos de atención; hacer obligatorio el análisis de contexto en todas las investigaciones; establecer mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas; incorporar una perspectiva interseccional que considere a niñas, adolescentes y mujeres de la diversidad sexual y de género; fortalecer los sistemas de información con protección de datos; y priorizar acciones orientadas a prevenir las violencias y reparar integralmente el daño en lugar de concentrar la respuesta estatal en el endurecimiento de las penas.
Tal como fue presentada, la iniciativa de Ley de Feminicidio apuesta por ampliar el poder punitivo del Estado, mientras deja sin resolver las condiciones institucionales que hoy generan impunidad y obstaculizan el acceso de las mujeres a la justicia. Mientras que el Programa Integral reconoce que la violencia contra las mujeres es un problema estructural y plantea una ruta más preventiva e integral, pero requiere mayor claridad en su implementación y compromisos presupuestales efectivos.
México necesita una política pública capaz de transformar las condiciones que producen la violencia feminicida, no únicamente de sancionarla cuando ya ocurrió. Más castigo no significa más justicia para las mujeres
Firman:
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)
Balance A.C.
EQUIS Justicia para las Mujeres
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