En octubre de 2020, ganamos un amparo contra el #AcuerdoMilitarista porque éste no regula el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad. Lo anterior, luego de que un juez de distrito confirmara que dicho ordenamiento no cumple con el objetivo de acotar la participación de los militares en tareas policiales, por lo tanto viola la Constitución y los fallos de la SCJN y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puedes consultar el comunicado completo en este enlace.

Sin embargo, desde MUCD hemos llevado acciones contra la militarización de la seguridad pública desde hace 10 años

Este es un recuento de ellas:

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Durante el sexenio de Calderón, cuestionamos públicamente el costo humano de la estrategia militarizada de combate al narcotráfico. En los diálogos por la seguridad de enero de 2011, por ejemplo, denunciamos que el 2010 había cerrado con más de 30 mil homicidios dolosos, exigimos un cambio de estrategia y criticamos la falta de objetivos y parámetros de evaluación de resultado:

Animal Político: México Unido contra la Delincuencia critica estrategia de Calderón

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Todavía con Calderón, en 2012, exigimos un cambio de rumbo de la estrategia de seguridad dados sus pésimos resultados y abrimos nuestro programa de política de drogas para articular desde ahí una agenda permanente de incidencia por la regulación legal de las drogas:

Expansión: 86% de mexicanos cree perdida la “guerra contra el narco”, según encuesta e Infobae: Debaten en México pros y contras de la legalización de las drogas

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En 2013 denunciamos la creación de la Gendarmería por carecer de sustento legal:

Fundación Desarrollo Humano Sustentable: De la Gendarmería Nacional a la División de Gendarmería de la Policía Federal

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En 2013 nos unimos a otras organizaciones y personas para demandar una reforma policial que cambiara el rumbo de la militarización del país

IMCO: Pronunciamiento por una reforma policial

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De 2012 a la fecha hemos interpuesto más de 80 amparos en contra de la guerra contra las drogas, logrando que en 2015 se declarara inconstitucional la prohibición de la marihuana y se iniciara el trabajo legislativo para su regulación. En 2018, generamos la jurisprudencia suficiente para que este mercado se regule en su totalidad, alejándonos del paradigma de prohibición y guerra frontal contra su tráfico.

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De 2014 a la fecha hemos realizado y acompañado más de 10 solicitudes de audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2014, 2015, 2016, 2017, 2 en 2018, 3 en 2019 y 1 más en 2020) en las que denunciamos las consecuencias de las políticas militarizadas de guerra contra las drogas desde 2006 a la fecha. En dichas audiencias hemos presentado evidencia sobre el incremento en la violencia y las violaciones a los DDHH derivadas de la militarización y la política punitiva de drogas y hemos exigido la exploración de políticas alternativas y la sanción de los responsables.

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De 2016 a 2019 participamos en la movilización colectiva contra la Ley de Seguridad Interior, misma que, gracias a la extraordinaria movilización de la sociedad civil a través del colectivo #SeguridadSinGuerra, fue impugnada tanto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el gobierno del estado de Chihuahua, la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el municipio de Cholula, Puebla y la minoría parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano.

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En 2017 elaboramos amicus curae para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y revisamos acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas por estados, municipios y órganos autónomos del gobierno federal como la CNDH contra la Ley de Seguridad Interior.

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Asimismo, en 2018 acercamos a la SCJN amicus curae con evidencia sobre el impacto negativo de la militarización de la seguridad para ser tomados en cuenta en la discusión del pleno sobre Ley de Seguridad Interior. La Corte votó su invalidez total el 15 de noviembre de 2018 y publicó su sentencia en el DOF el 30 de mayo de 2019.

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Desde 2018 a la fecha, hemos participado de la discusión de Guardia Nacional y nos hemos opuesto a que su composición, conducción y régimen de sanciones sean militares. Sobre este tema promovimos amparos contra las leyes secundarias y el acuerdo militarista, y apoyamos otros esfuerzos por promover controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad contra la Reforma Constitucional, tanto desde la CNDH como desde estados y municipios.