Desde su creación en 2012, nuestro programa ha conquistado importantísimos logros, entre los que destaca: el histórico fallo de la SCJN que declaró inconstitucional la prohibición de la marihuana y autorizó a 4 personas a producirla y consumirla sin recurrir al mercado negro.
Nuestro objetivo es lograr que los esfuerzos gubernamentales en materia de drogas se basen en evidencia científica e integren las perspectivas de salud pública, derechos humanos, género, reducción del daño y desarrollo sostenible.
Para lograrlo, hemos impulsado un debate serio en la materia, produciendo información sobre los costos de la prohibición y los beneficios de la regulación; entrenando defensores y activistas y sensibilizando a líderes de opinión y tomadores de decisión; y participando activamente en el desarrollo de propuestas legislativas y programáticas, entre otros esfuerzos.
Adicionalmente, hemos establecido alianzas estratégicas con otras organizaciones de la sociedad civil, universidades, gobiernos y organismos internacionales, mismas que nos han permitido incidir efectivamente en los procesos de toma de decisión a nivel nacional e internacional.
Los precios de las drogas ilícitas han seguido una tendencia histórica a la baja, de acuerdo con estimaciones realizadas por la DEA y otras agencias de interdicción. La baja de precios en drogas como la cocaína o las metanfetaminas se explica, tanto por los cambios organizacionales implementados por los traficantes para aumentar su eficiencia (como el mejoramiento de los procesos de manufactura y transporte hacia y en los mercados de destino) como por factores económicos como la reducción de los márgenes entre costos (de tráfico) y precios finales (al consumidor). Asimismo, ésta puede atribuirse a cambios tecnológicos (como uso del dark web y los sistemas de envío remoto) y la ausencia de cargas tributarias.
En su corta existencia, el programa de política de drogas ha cosechado enormes triunfos. Lamentablemente, la renuencia con la que una y otra vez los poderes ejecutivo y legislativo abordaron el tema, retrasando o desdibujando acuerdos, nos llevó a tomar otro tipo de acciones y optamos por involucrar también al poder judicial. Es ahí donde se ubican SMART y #PorGrace.
La Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) es una iniciativa creada por miembros de MUCD que, ante la imposibilidad del poder judicial de intervenir en lo general en materia de drogas, decidieron darle un caso concreto a partir del cual se pudiera pronunciar. SMART es entonces una Asociación Civil constituida en 2013 con el único objetivo de solicitar autorización sanitaria a las autoridades para que sus miembros (adultos en pleno uso de sus facultades mentales) pudieran producir y consumir cannabis de manera recreativa y sin fines de lucro. Desde siempre, los miembros de SMART tuvieron claro que dicha solicitud les sería negada, por lo que recurrieron a la asesoría legal de Aguinaco Abogados para interponer una demanda de amparo en la que luego expresaron que sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y la disposición de la propia salud eran violados en virtud de la prohibición. La demanda llegó ante un juez de distrito quien desestimó los reclamos de los quejosos por considerarlos infundados. Ante esta segunda negativa, se interpuso un recurso de revisión que llegó a un tribunal colegiado, quien a su vez se declaró incompetente para dirimir la controversia y turnó el asunto a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en vista de su relevancia. Una vez en la corte, el caso SMART llegó a la Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien elaboró un proyecto de sentencia favorable a los quejosos argumentando la inconstitucionalidad de 5 artículos de la Ley General de Salud. El proyecto fue votado y aprobado el 4 de noviembre de 2015.
A principios de 2012, organizamos el Foro “Drogas: un balance a un siglo de su prohibición”.
Dicho foro, se llevó a cabo del 14 al 16 de febrero en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo de Antropología en la Ciudad de México.
Este evento sin precedentes, reunió por primera vez en la historia de nuestro país al más grande grupo de expertos en materia de política de drogas, reducción de daños, seguridad y salud pública a nivel nacional e internacional. Durante tres días se dieron cita representantes de organizaciones de la sociedad civil, institutos de investigación, universidades y gobiernos de países como Australia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Holanda, México, Portugal, Reino Unido y Suiza para discutir en dónde estamos y hacia dónde vamos en materia de política de drogas y seguridad humana.
El objetivo del foro fue evidenciar cómo la “guerra contra el narcotráfico” ha provocado que nuestro país atraviese por una de las etapas de mayor inseguridad de su historia y cómo la política prohibicionista ha fallado en alcanzar sus objetivos primarios de menor disponibilidad de drogas y menor consumo. Ante esta situación, resultaba urgente debatir, con base en un análisis de orden legal, económico, de salud y de seguridad, cuáles son las bondades o deficiencias de las políticas públicas actuales y, en su caso, buscar alternativas eficientes, con menores costos y sobre todo, que evitarán el sufrimiento de la población en general.
