¿Cuáles son los escenarios que se abren para una posible legalización de las drogas?
“Las políticas punitivas contra las drogas aumentan la violencia y no ayudan a los adictos: la regulación es la mejor opción”
En un país de paso como México, teniendo a uno de los grandes consumidores mundiales como vecino del norte, el control y la gestión del tráfico y la producción supone un negocio ganador. Por ello, a la violencia generada por los cárteles se le debe sumar los altos grados de corrupción de las administraciones y una impunidad que llega a cifrarse en el 95% de casos que llegan a instancias judiciales. La política para luchar contra las drogas en México, que en su historia reciente es conocida como la Guerra contra el Narcotráfico, iniciada por el expresidente Calderón en 2006, se ha caracterizado por sus normas punitivas y criminalizadoras que se han cobrado 300.000 muertos y 150.000 desaparecidos.
Así, no son pocas las organizaciones que apuestan por un cambio de paradigma, acompañado de una reforma legal, que permita regular el mercado de las drogas y ejercer un control público que tendría beneficios tanto para la salud pública como para la seguridad. Hablamos de ello con Lisa Sánchez, activista mexicana formada en políticas públicas y derechos humanos, en el marco del seminario “Drogues, polítiques i violències. Del consens global a nous enfocaments” organitzado por el ICIP y Casa América en Barcelona. Sánchez es, desde este año, directora general de México Unido contra la Delincuencia, una organización que abandera esta lucha por la regulación que, en el país norteamericano, se plantea para la Marihuana.
México ha vivido un cambio político histórico, con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, que entrará a la presidencia en diciembre. ¿Cómo plantea él la regularización de las drogas?
Es difícil hablar de sus políticas, porque el sello de estos meses de transición, desde las elecciones, ha sido declarar ideas a medias. Pero recibimos con muy buenos ojos tres cosas fundamentales: la primera es que plantea analizar todas las posibles acciones para lograr la pacificación. También propone poner a las víctimas en el centro: a un país con 37.000 desaparecidos, 800.000 desplazados por la violencia y 300.000 muertos le hace mucha falta. Y luego, ha afirmado no bloquear una posible reforma en la política de drogas y regulación de los mercados, empezando por la marihuana.
Todo esto debe servir para mejorar la seguridad en México, pero vemos aspectos que pueden llevarnos a pensar que las políticas de Obrador serán continuistas de una estrategia fallida de militarización de las calles de México que han sido en gran parte culpables del incremento de la violencia homicida del país.
Pero guardamos esperanza en que la regulación de la marihuana nos lleve a políticas de justicia restaurativas, con las que podemos aprender las lecciones que en otros lugares nos enseñan, como el caso de California, donde se han borrado los historiales criminales para las personas encarceladas injustamente por posesión simple, que en México se cuantificarían entre 2.000 y 10.000.
Una de las características de México que explica la violencia relacionada con el crimen, son las altas tasas de corrupción. ¿Cómo mejoraría esto con la regularización de la marihuana?
Esta lucha contra la corrupción es la bandera con la que Obrador ganó las elecciones. Pero hay señales que nos pueden llevar a pensar que la criminalidad organizada podría seguir floreciendo en el marco de la no sanción en la que un funcionario público ignora los actos de delincuencia por omisión o por acción. La regulación de la marihuana podría comportar ciertos riesgos de captación de bienes por parte de un estado rentista y clientelar. Pero incluso así, el beneficio neto de un mercado regulado, aun con un mercado paralelo irregular, seguiría dando beneficios netos superiores a la plena ilegalidad. En este caso tendríamos un mercad gris más pequeño y con dinámicas más parecidas a las del contrabando que a las del tráfico.
Si se legalizara la marihuana en México, que es país productor pero poco consumidor, y no se regulara en los países consumidores, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Y es que la violencia en México relativa a las drogas, no viene por el consumo, que está altamente criminalizado por la opinión pública, sino por el control de la distribución y producción.
Hoy en día el 60% de norteamiericanos viven bajo algún régimen de cannabis legal, ya sea medicinal ficticio o recreativo. Así que en un escenario como el actual, con la marihuana regulada en México, se podrían dar algunas irregularidades, pero sin demasiada importancia. Lo que más nos preocupa es el uso del sistema financiero mientras el cannabis sea ilegal a nivel federal en EUA. Los bancos se negarían a que la industria participara de este circuito financiero, lo cual obstaculizaría la rendición de cuentas y transparencia.
Pero en relación a los efectos negativos, te diré que el peor de los mundos es el actual. Y es que empezamos a ver tráfico a la inversa, en el que los consumidores de México adquieren el producto de las producciones legales de EUA, que cuentan con mayor calidad, menor precio y menor riesgo de criminalización que en el mercado negro mexicano.
Sólo se plantea la legalización de la marihuana y no de otras substancias. A parte de la amapola y el cannabis, de los que México es productor, hay muchas drogas que pasan a través del país para llegar a EUA. ¿Cómo se debería plantear la legalización de estas drogas en México?Apoyamos la idea de distintos modelos regulatorios para diversas substancias, basados en los niveles de peligrosidad, tipo de substancia y el proceso que se requiere para lograr la droga. No es lo mismo regular la metanfetamina, que viene de varios precursores químicos legales, que lidiar con la amapola, cuyo cultivo en sí mismo está considerado ilícito. Todavía no hay una discusión oficial en México sobre este tema, aunque deberíamos plantearnos el debate sobre la reducción del daño por el consumo de ciertos estimulantes: en México todavía es residual, pero en toda América Latina empieza haber datos altos de riesgo por consumo de bazuco o pasta base de coca. Necesitamos un escenario para tener los servicios de salud necesarios para hacer frente al tratamiento de estas adicciones.
En el caso de la amapola, no se plantea la regulación de la goma de opio ni cualquiera de sus derivados, aunque sí se contempla que la producción de amapola mexicana se ponga a disposición de la demanda global para elaborar medicinas. Respecto a la coca, nos pondríamos a merced de las discusiones regionales de los países productores. Pero es una discusión que nos interesa porque el tráfico terrestre de esta substancia incrementa mucho los niveles de violencia.
La pasta base es una de las drogas más adictivas y nocivas. Se entiende que, con la legalización, se reduciría el consumo de este tipo de substancias y se aumentaría la seguridad en el consumo, ya que habría controles médicos. ¿Qué otros beneficios podría tener para la salud pública?
Son muy claros, a parte del control de calidad, la adecuación de estrategias terapéuticas para el tratamiento de consumos abusivos o dependencia también es un gran factor. Se podrían habilitar terapias restitutivas, sobre todo para los opiáceos. En este sentido, sería muy importante sensibilizar a los médicos para regular la sobreprescripción de substancias riesgosas. Pero en este caso México avanza muy bien gracias a un proyecto de recetarios con códigos bidimensionales que controlan el aumento de prescripciones de ciertas substancias controladas.
Pero hay que destacar que México no es un país consumidor: calculamos tener 250.000 adictos a todas las drogas ilícitas, de entre las cuales la marihuana es claramente mayoritaria.
Las cifras de muerte por sobredosis en México son del 0,01%. La criminalización de la opinión pública de la droga no viene por las muertes que causa, sino por la violencia que genera. ¿Cómo se prepara el terreno social para hacer frente a una legalización?
Tenemos varios argumentos para varias audiencias. Uno de ellos es el de los derechos: cada individuo tiene el derecho a disponer de su propia salud; así como tiene el derecho a la práctica de deportes extremos, tiene el derecho a consumir drogas sin que el Estado intervenga en el área más privada y personal de su cuerpo.
Otro argumento es el que analiza el coste-beneficio de tener una política punitiva contra las drogas, que es excesivamente cara y que no se muestra como el mejor uso de los fondos públicos. Además del hecho que las políticas punitivas no hacen nada en favor de las personas drogodependientes.
Pero somos bastante cuidadosos con no hacer un vínculo entre regularización y políticas de seguridad. No queremos vender falsas expectativas: la política de drogas solo resuelve los problemas relacionados con las propias drogas, pero no puede resolver todos los fenómenos de la criminalidad. Con la legalización no mejorarían las investigaciones y sanciones para el homicidio o el secuestro. Aun así, cabe recordar que el 95% de la criminalidad neta en México es de orden común, como robos, que no están relacionados con el crimen organizado.
¿Cuál es la opinión pública general respecto a la legalización?
Todavía es contraria aunque ha cambiado significativamente en los últimos años. La oposición activa se ha reducido en un 21% en unos cinco años, lo cual es significativo porque a EUA le tomó más de dos décadas lograr una mayoría para la legalización. En Ciudad de México contamos con mayorías cercanas al 65%.
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