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• Contexto de violencia e impunidad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos requiere que la Fiscalía General de la República investigue redes de macrocriminalidad y sancione a los responsables.
• El Estado mexicano tiene la obligación de restringir el fuero militar y garantizar a las víctimas de violaciones a los DDHH el derecho a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición.
• Necesario desmilitarizar la seguridad y la vida pública del país para lograr un México seguro, justo y en paz.

Ciudad de México, viernes 15 de enero de 2021.- México Unido Contra la Delincuencia lamenta la decisión de la Fiscalía General de la República de no ejercer la acción penal en contra del general de División retirado, Salvador Cienfuegos Zepeda, por considerar que reafirma la impunidad de la que gozan las Fuerzas Armadas y demuestra el uso faccioso de la justicia. Lo anterior, debido a que las autoridades mexicanas no debieron limitarse a investigar los delitos imputados por la justicia estadounidense y a desestimar las pruebas aportadas por la DEA, sino que debieron analizar la posible participación del ex Secretario General de la Defensa en casos de violaciones graves a los derechos humanos como Tlatlaya.

La actuación de la FGR nos parece particularmente preocupante en el contexto actual de militarización y creciente transferencia de facultades a las Fuerzas Armadas, pues su incapacidad para erigirse como una institución autónoma, capaz de investigar los delitos cometidos por militares nos aleja de una estrategia de seguridad ciudadana que ponga a las personas –especialmente a las víctimas- al centro de la acción gubernamental, garantizando su acceso a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición.

En las últimas dos décadas, el proceso de militarización de la vida pública se ha exacerbado al amparo de la narrativa de combate frontal contra la delincuencia organizada y la corrupción, sin reparar en las consecuencias de largo plazo que esta decisión tiene sobre las violencias, la incidencia delictiva y la democracia. Muestra de ello es que, si bien el incremento en la presencia militar se ha traducido en un crecimiento de las denuncias por delitos cometidos por sus elementos, esto no ha derivado en una mayor investigación o sanción de sus conductas.

Desde México Unido Contra la Delincuencia hacemos un llamado para limitar el actuar de las Fuerzas Armadas y se conduzcan las acciones apegadas a Estado de derecho para reducir cualquier acto de impunidad en nuestro país. Para lograr un México seguro, justo y en paz, necesitamos desmilitarizar la seguridad y la vida pública del país.