• MUCD aboga por la regulación de las drogas con el objetivo de reorientar la política de seguridad. Como parte de este trabajo, en 2017 logró las reformas a la Ley General de Salud y Código Penal Federal que reconocieron el uso medicinal del cannabis.
• Debido a que el Ejecutivo desatendió la orden de reglamentar los usos medicinales de cannabis durante casi 4 años, MUCD litigó en tribunales el reconocimiento del derecho a cultivar cannabis para uso médico.
• MUCD logró el reconocimiento del autocultivo con fines médicos y como resultado, en enero de 2021, la COFEPRIS emitió el primer permiso de autocultivo medicinal, incluso cuando el reglamento no lo contempla.

México, a 28 de enero de 2021.-.Desde 2012, MUCD ha luchado por la regulación de las drogas como una forma de reorientar los esfuerzos del Estado hacia una política de seguridad más eficiente. Como parte de este trabajo, en 2017 logramos las reformas a la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la orden de armonizar las leyes necesarias fin de desarrollar las reglas que hicieran efectivo el acceso al uso medicinal del cannabis tomando como prioridad a los pacientes.

Durante los 3 años en los que el Ejecutivo desatendió esta orden, MUCD litigó y ganó el otorgamiento del primer permiso para autocultivo medicinal de cannabis. Esto representa un logro al reconocer el derecho del paciente que realizó la solicitud y que obtuvo el primer permiso de este tipo, pero que se da en un contexto en el que la reciente expedición del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos no ayuda a los pacientes que requieran un tratamiento con cannabis, sino a las grandes empresas.

En específico, el reglamento somete a los pacientes a un largo tiempo de espera para que se otorguen permisos, les exige protocolos de investigación que se evalúan de forma arbitraria y se enfoca en el desarrollo de medicamentos. Los pacientes siguen bajo un régimen de castigo tanto en el ámbito administrativo, como en el penal, lo que les obliga a presentar y conservar recetas cada vez que le sea requerida para “demostrar” su inocencia a pesar de que el uso de los medicamentos está autorizado. Con ello, sus opciones se limitan a someterse a un proceso oneroso y burocrático para la importación de medicamentos no asequibles y no adecuados desde el extranjero, o recurrir al mercado ilegal, una vez más.

Por lo anterior, urgimos a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS para que atiendan lo que efectivamente les fue ordenado con la reforma a la Ley General de Salud y modifiquen el reglamento actual. México tiene una deuda histórica con los pacientes y sus familias y la salud no debe depender de la capacidad económica de las personas, ni mucho menos someterse a los intereses económicos de empresas. ¡Necesitamos cannabis legal con justicia social!