- MUCD impugnó la Ley de Guardia Nacional ante la SCJN por incumplir mandato constitucional de crear una corporación civil y permitir el uso de militares en seguridad pública.
- El proyecto de sentencia del Ministro Fernando Franco propone desestimar el caso sin analizar la constitucionalidad de la militarización de la seguridad pública.
- De aprobarse, la SCJN abdicaría a su responsabilidad de defender el orden constitucional y se perdería la oportunidad de plantear posibles salidas.
- Exhortamos a las y los ministros a elaborar un proyecto que sí analice el fondo del asunto y con el que sea posible construir un México más seguro, más justo y en paz.
Ciudad de México a 21 de junio de 2021.- En abril de 2019 México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) interpuso una demanda de amparo contra la Ley de Guardia Nacional por violar el mandato constitucional de crear una institución civil. En dicho amparo, MUCD argumentó que el diseño normativo de la Guardia Nacional:
1) Incumplía con la obligación de crear una nueva fuerza policial, al permitir el reclutamiento de militares retirados o en activo.
2) Violaba los criterios básicos sobre uso de militares en tareas de seguridad pública, que debe ser extraordinario, subordinado y complementario, regulado y fiscalizado.
3) Invadía competencias de estados y municipios.
El caso llegó a la SCJN en 2020 y mañana 23 de junio se someterá a votación.
Lamentablemente, el proyecto de sentencia con el que se pretende dar respuesta a este amparo no analiza ninguno de los argumentos presentados y propone desestimar el caso so-pretexto de que ninguna de las disposiciones de la Ley de Guardia Nacional está dirigida a MUCD y que, de otorgar el amparo, las consecuencias serían peores que el problema. Por un lado, el Ministro Fernando Franco argumenta que el efecto particular de otorgarnos el amparo sería quitarnos la protección de “la única institución de seguridad pública federal que existe” (la Guardia Nacional), lo cual sería imposible. Y por el otro, considera que el efecto general sería prohibir que ésta se integre por militares, lo que podría derivar en afectaciones para otras personas. Finalmente, argumenta, que lograr que la Guardia Nacional no se componga por militares debe impugnarse por la vía de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, que no de juicios de amparo.
En MUCD consideramos que este razonamiento es sumamente peligroso debido a que, incluso cuando reconoce que la Guardia Nacional está militarizada, prefiere recurrir a argumentos falaces como que “ordenar el cese inmediato de los militares que la integran desprotegería a la población” para desestimar el caso, que entrar al fondo del asunto. Además, consideramos que, al limitar la defensa del orden constitucional a las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad el ministro ponente hace una lectura limitada del juicio de amparo que tiene el efecto perverso de postergar la discusión sobre el problema de la militarización. Al hacerlo, la Corte pierde oportunidad de discutir y establecer los límites constitucionales de la participación de militares en tareas de seguridad pública y proponer soluciones de largo plazo.
Ante este escenario, exhortamos a los ministros que integran la Segunda Sala de la SCJN a rechazar el proyecto y elaborar una resolución que permita la construcción de un México más seguro, más justo y en paz.
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