Desde antes de la pandemia, la situación sanitaria en los centros penitenciarios era precaria, particularmente por su sobrepoblación. Con su llegada, se han implementado una serie de medidas para proteger la salud de los internos; sin embargo, estas han sido insuficientes.  Por ello, diversas organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron a favor de la implementación de beneficios preliberacionales. Estas medidas solo se conceden a las personas privadas de libertad que cumplen con ciertas condiciones y sirven para impulsar su reinserción social. El riesgo de contagio por COVID-19 entre los internos es una de esas condiciones, pues la continuidad de la pena en muchos casos sería irrelevante para la reinserción o para prevenir la reincidencia si la persona se contagia.

Por ello, a través de diversas solicitudes de acceso a la información dirigidas a autoridades en todas las entidades del país, MUCD recabó datos sobre la aplicación de estas medidas. En su investigación, detectó que la información presentada por las autoridades era en muchos casos incompleta y poco confiable. Las autoridades no contaban con registros específicos de la información solicitada ni conocían las razones por las cuales algunas solicitudes de preliberación habían sido rechazadas. De igual manera, en ocasiones, había discrepancias entre los datos que tenían las diferentes autoridades.

La información obtenida por MUCD muestra que la aplicación de los beneficios depreliberación por COVID-19 han sido parciales. Solo 13 entidades federativas afirmaron aplicar beneficios de preliberación por motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Lo anterior es muy preocupante teniendo en cuenta que, a excepción de Aguascalientes, todas las entidades que aportaron información completa reportaron internos contagiados de COVID-19. Desgraciadamente, en la mayoría de las entidades, esto se reflejó también en defunciones.

Desde MUCD consideramos necesario monitorear y evaluar la política penitenciaria de nuestro país. El informe indica que las diversas autoridades a cargo de la misma no están haciendo lo suficiente para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad; particularmente, señala que el derecho a la salud de los internos está siendo vulnerado. Con la presentación de este informe, refrendamos nuestro compromiso por investigar, analizar y vigilar la política penitenciaria en nuestro país, para tener un México más justo, seguro y en paz.