Albazo militarista en la Suprema Corte
Lunes 22 de noviembre de 2021. Días después de que se revelara la presunta corrupción en contratos otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, y luego de que el General Secretario Crescencio Sandoval invitara a cerrar filas en torno a un proyecto político (en abierta violación a la constitución y a su ley disciplinaria), la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría poner un límite al uso desmedido, opaco y sin control que este gobierno ha hecho de las fuerzas armadas, particularmente, en funciones relacionadas con la seguridad pública.
Cuando la Guardia Nacional se creó, en 2019, en la constitución se dejó un permiso para que las Fuerzas Armadas fueran usadas en labores de seguridad pública hasta por cinco años, pero de forma regulada, extraordinaria, fiscalizada, subordinada y complementaria, para evitar atrocidades como las que ha vivido el país. Pero un año después, el 11 de mayo de 2020, el Presidente López Obrador emitió un #AcuerdoMilitarista que simuló cumplir con la constitución y los tratados internacionales, y en los hechos otorgó un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas para actuar sin controles ni vigilancia. Pero la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la exdiputada Laura Rojas, presentó ante la Suprema Corte una Controversia Constitucional para que el Máximo Tribunal decidiera si el #AcuerdoMilitarista era constitucional o no.
Pasó más de un año para que la controversia fuera plenamente admitida, dos años (y contando) de esos cinco para el retiro de las fuerzas armadas (que debe concretarse en 856 días, a más tardar el 26 de marzo de 2024) y de forma sorpresiva, sin dar a conocer previamente el proyecto, la controversia constitucional contra el #AcuerdoMilitarista está enlistada para ser resuelta por la Primera Sala de la Corte el miércoles 24 de noviembre.
Desde #SeguridadSinGuerra condenamos que un asunto de esta relevancia para la vida pública del país sea discutido y votado en una sala con cinco ministras y ministros y no en el Pleno con les once, cuando en el fondo se trata de no seguir debilitando un pilar fundamental de cualquier Estado de Derecho: la seguridad pública a cargo del poder civil.
Reiteramos el llamado público y formal que hemos hecho al Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien ha ignorado nuestra petición de celebrar audiencias públicas previas en las que las ministras y ministros puedan escuchar las posiciones de las partes, así como a víctimas de crímenes atroces cometidos por las fuerzas armadas (desaparición forzada de personas, tortura, violación y ejecución extrajudicial) e integrantes de organizaciones de la sociedad civi, a organismos internacionales y a las propias fuerzas armadas de forma pública y transparente.
Un debate informado podrá ofrecer elementos para resolver la mejor forma de garantizar la participación de militares en tareas de seguridad de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, tal como lo ordena el artículo quinto transitorio de la reforma Constitucional de qu creó la Guardia Nacional y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Nitza Paola Alvarado y otros de obligado cumplimiento para todos los Poderes del Estado mexicano.
Esperamos que mientras el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada realiza su visita en nuestro país y verifica el horror y las consecuencias de las malas decisiones en materia de seguridad pública, el Máximo Tribunal no cometa el error de dar un albazo y extender el cheque en blanco en lugar de hacer cumplir la constitución.
Señoras y señores ministros: es por las víctimas y la paz.
#SeguridadSinGuerra
