- Expresamos nuestra preocupación por la violencia desatada en el marco de un operativo para capturar a Ovidio Guzmán, producto de una política que privilegia estrategias que ponen en riesgo a la población.
- Ante un estado de excepción declarado de facto en el municipio y otras partes de la entidad, urge salvaguardar la integridad y seguridad de las personas, así como garantizar la vigencia de sus derechos.
- Como integrantes de la sociedad civil organizada, nos mantenemos observantes ante potenciales abusos por parte de autoridades y exigimos proteger los derechos de las y los habitantes.
Ciudad de México, 5 de enero de 2023. México Unido Contra la Delincuencia condena los hechos violentos de este 5 de enero en Culiacán y otros municipios de Sinaloa sucedidos luego de la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera y uno de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa.
A lo largo de este jueves, ciudadanía y medios han reportado despojos, quemas de vehículos, bloqueos en la vía pública y enfrentamientos con la participación de grupos armados e integrantes de fuerzas de seguridad estatales y federales. La violencia ha sido tal que autoridades locales declararon, de facto, un estado de excepción y suspendieron actividades en varios puntos de la entidad, sin que al momento se conozcan los alcances, límites y controles existentes para garantizar la protección y vigencia de los derechos de las y los habitantes.
Resulta inaceptable que el Estado no considerara el grave impacto que este operativo tendría sobre la seguridad de la población ni estableciera medidas preventivas para protegerla. Es urgente que autoridades locales y federales realicen acciones tendientes a prevenir y detener los actos criminales desplegados en la entidad sin afectar a la sociedad civil y garantizando, en todo momento, que no exista abuso del uso de la fuerza pública y se restablezcan las condiciones para el ejercicio de todos los derechos.
El operativo realizado este día se realiza como parte de una política de drogas prohibicionista que, desde hace décadas, convirtió un problema de salud en uno de seguridad, y ha provocado un aumento exponencial de la inseguridad y la violencia, aunado a la militarización de la seguridad pública.
Esta política ha permitido el potencial empoderamiento de organizaciones criminales, garantizando la continuidad de un mercado negro que les es sumamente rentable, gestionando apenas el fenómeno y desatando enfrentamientos -como el de hoy- que no lograrán su eliminación. Se trata de una política generadora de violencia, centrada en exacerbar el conflicto y poner en peligro la integridad y seguridad de la ciudadanía.
El evento de este día no es aislado: estados como Michoacán, Jalisco y el propio Sinaloa han registrado olas de enfrentamientos que han marcado nuestra historia reciente, signos inequívocos de que es imprescindible que, de inmediato, el Gobierno Federal revise con seriedad estas políticas y opte por alternativas.
Exigimos reformar la política de drogas actual para transitar a la eliminación del mercado ilegal, la devolución del control civil sobre la seguridad pública, la priorización de mecanismos de seguridad ciudadana, la revisión de la política de control de armas y el fortalecimiento de las instituciones de justicia para, efectivamente, comenzar a reconstruir el tejido social.
