- El gobierno federal ha creado mecanismos a modo para favorecer el enriquecimiento de las Fuerzas Armadas, convirtiéndola en una poderosa cúpula política y económica.
- Hoy, las FFAA se ocupan de ejercer, administrar y gestionar estratégicamente gran parte del dinero público y las ganancias de empresas estatales con opacidad, alta discrecionalidad y nula rendición de cuentas.
- Su empoderamiento va en detrimento directo de nuestros derechos, la institucionalidad democrática y la primacía del poder civil sobre el militar. Es urgente revertirlo.
Ciudad de México, 6 de marzo de 2024. México Unido Contra la Delincuencia presenta la segunda edición de su informe “El Negocio de la Militarización. Opacidad, poder y dinero”, que revela que las Fuerzas Armadas (FFAA) se han convertido en una nueva cúpula política y económica, administradora de jugosas partidas presupuestales y pieza clave en el uso y control de los recursos e ingresos de proyectos insignia de la actual administración; sin fiscalización ni transparencia.
El informe revela que la participación de las FFAA en la vida pública se convirtió en un rentable negocio que las ha hecho operar prácticamente bajo una lógica empresarial; un fenómeno que va en detrimento directo del Estado de derecho y la democracia en nuestro país, pues debilita a las instituciones y presupuestos civiles.
Si bien es cierto que el empoderamiento de las instituciones militares inició hace dos sexenios, con la declaración de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, fue en la actual administración federal en la que se les otorgaron los mayores beneficios a través de diversos mecanismos a modo:
- Dueñas y operadoras de empresas estatales. La participación de las FFAA en empresas de participación estatal mayoritaria (EPEM) era inexistente hasta antes de este sexenio. Fue a partir de diciembre de 2020 y hasta agosto de 2023, que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) comenzaron a acumular un total de 30 EPEM.
- Más dinero, nuevas ganancias, mucha discrecionalidad. Ahora las FFAA son administradoras de gran parte de los recursos públicos, provenientes de los impuestos de la ciudadanía: 142 mil 730 millones de pesos del presupuesto aprobado a la Sedena en 2024 corresponden al Grupo Olmeca-Maya-Mexica, el Tren Maya, el AIFA y la Aerolínea del Estado Mexicano. Al manejar las FFAA empresas que funcionan bajo una lógica de ganancias estas no son reportadas dentro de las cuentas nacionales, lo que deja a discrecionalidad de las FFAA el ejercicio y destino de estos recursos.
- Los fideicomisos desaparecieron, pero no para las FFAA. Pese al discurso federal que ha abogado por la extinción de los fideicomisos, el de la Sedena suma un monto de 69 mil 193 millones de pesos para finales de 2023, lo que la convierte en la segunda institución del país con mayor participación en el total de los montos de fideicomisos sin estructura orgánica. El Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM) pasó de tener un monto disponible de entre 830 millones y 6 mil millones de pesos, a contar con entre 20 mil y 72 mil millones de pesos.
- “Todo” el presupuesto, desviando recursos civiles. El presupuesto aprobado de la Sedena ha aumentado 138% desde el inicio del sexenio; mientras que el de Semar, 71% en el mismo periodo. El aumento exponencial de las asignaciones presupuestales a las Fuerzas Armadas responde principalmente a la usurpación de tareas originalmente asignadas a otras instituciones civiles por parte de las FFAA. Con la transferencia de funciones y presupuestos de origen civil, de 2018 a 2022 han recibido al menos 69 mil 124 millones de pesos. Sólo en 2024, las FFAA concentran el 3.7% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
- Uso discrecional y derroche del dinero público. Luego de que el Poder Legislativo asigna los presupuestos en PEF, las FFAA los han reasignado de manera discrecional para actividades ajenas a la disciplina militar: en el caso de la Sedena, el 40% de sus recursos terminan en un destino distinto del aprobado en el PEF, mientras que para la Semar suman el 30%. Y encima, sólo entre 2019 y 2023 las instituciones militares sobre ejercieron 153 mil 000 millones de pesos
- Convenios para obtener más recursos. Como si lo anterior no fuera suficiente, las FFAA también han podido acceder a dinero adicional a través de convenios de reasignación de recursos con instituciones de gobiernos federal y locales, los cuales no siempre son reportados en la Cuenta Pública. Mediante convenios, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2022, se han transferido al menos 23 mil 166 millones de pesos de instituciones federales a las FFAA, mientras que en el caso de estados y municipios la cifra alcanza mil 650 millones de pesos.
El proceso de empoderamiento de las Fuerzas Armadas no es reciente, pero se aceleró de manera exponencial y preocupante durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ahora las FFAA se ocupan de ejercer, administrar y gestionar estratégicamente gran parte del dinero público, con profunda opacidad, alta discrecionalidad y nula rendición de cuentas.
Estamos ante un escenario sin precedentes altamente riesgoso para los derechos humanos, el Estado de derecho y la institucionalidad democrática, pues todos los recursos y ganancias transferidos, administrados y aprovechados por los uniformados se restan directamente al dinero y capacidades que el Estado debería destinar para proteger nuestros derechos. La participación cada vez mayor de las FFAA en actividades que nada tienen que ver con la disciplina militar minan el papel democrático de instituciones civiles: las FFAA ya juegan un papel estratégico en el gobierno, fortalecidas por un trato ventajoso frente a las instituciones civiles, por lo que el poder civil pierde cada vez más fuerza frente a la imposición del poder militar.
Ante este panorama que vulnera nuestra seguridad, democracia y Estado de Derecho, es urgente y necesario que se revierta la tendencia de incrementar su poder económico y político, mediante el fortalecimiento de las instituciones civiles reasignándoles las tareas que de origen les corresponden; establecer mecanismos efectivos de control y fiscalización de recursos para que las FFAA sean transparentes y rindan cuentas sobre cómo y en qué gastan nuestros impuestos; establecer lineamientos para la utilización de los recursos generados por las empresas y proyectos gubernamentales a favor del desarrollo social, no sólo el enriquecimiento de las élites militares y, ante todo, apuntar hacia el retiro gradual de las FFAA de la seguridad y la vida pública.
La militarización no sólo es un negocio: es un grave riesgo para el Estado de derecho y la democracia.
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