¿Qué debe contemplar una buena regulación?

La guerra contra las drogas ha fracasado. La política prohibicionista no ha reducido el consumo ni la disponibilidad de las drogas ilegales; por el contrario, ha creado un violento mercado criminal y ha desviado los recursos económicos del área de la salud para tratar de aplicar leyes ineficaces. El prohibicionismo estigmatiza y margina a las personas usuarias de drogas, las desincentiva de asistir a las instituciones de salud en casos de emergencia y las obliga a recurrir a drogas más peligrosas cuando la disponibilidad de su producto habitual se reduce. Asimismo, esta política afecta de forma desproporcionada a los eslabones más débiles de la cadena de tráfico, como campesinos y narcomenudistas.

La regulación legal de las drogas es la mejor alternativa para revertir esta situación, implica quitarle el control de este mercado a las organizaciones criminales y devolverlo al Estado. De esta manera se podría gestionar más eficientemente el fenómeno de las drogas, estableciendo controles estrictos a su producción, comercio y consumo. Además, la regulación permitiría replantear prioridades y objetivos realistas orientados a reducir el daño, descapitalizar a los grupos criminales, optimizar el gasto público y proteger los derechos humanos de las personas. Por ello, en MUCD apostamos por una reforma integral de drogas con una mirada de justicia social.

Conforme a lo anterior, una regulación de las drogas debería ser:

[modal_popup_box btnalign=”center” titlealign=”center” titletext=”Basada en la salud” btn_icon=”fa fa-window-maximize” btntext=”1. Basada en la salud”]La regulación de las drogas debe adoptar una perspectiva de salud pública y reducción del daño. Esto implica que las medidas que se establezcan deben anteponer sobre todas las cosas la salud de los ciudadanos. Por ello, en lugar de perseguir fines criminalizantes, las medidas implementadas deberán promover el acceso a información confiable, la disponibilidad de servicios de salud, garantizar la calidad de las sustancias y reducir el estigma hacia las personas que usan drogas.[/modal_popup_box]
[modal_popup_box btnalign=”center” titlealign=”center” titletext=”Proporcional” btn_icon=”fa fa-window-maximize” btntext=”2. Proporcional”]La regulación debe encontrar el equilibrio entre el acceso a las sustancias y la protección de la salud. Por ello, los controles sobre las sustancias deberán ser proporcionales a sus daños potenciales. Así, entre más (menos) dañina es una sustancia, esta deberá tener controles más (menos) estrictos en lo relativo a su producción, los expendedores, los puntos de venta, la mercadotecnia, entre otros elementos. Esto se puede lograr estableciendo diferentes modelos de regulación para distintas sustancias. Por ejemplo, mientras que en el caso de cannabis es posible pensar en la participación de capital privado en toda la cadena de producción, en el caso de la cocaína sería más adecuado un monopolio estatal. [/modal_popup_box]
[modal_popup_box btnalign=”center” titlealign=”center” titletext=”Informada” btn_icon=”fa fa-window-maximize” btntext=”3. Informada”]El prohibicionismo se sustentó en prejuicios morales y en la estigmatización de las drogas. La nueva regulación deberá abandonar dicha postura y tomar como base la evidencia científica. Las políticas públicas implementadas deberán promover que las personas que consuman sustancias conozcan sus efectos, riesgos y las medidas para reducir los daños. [/modal_popup_box]
[modal_popup_box btnalign=”center” titlealign=”center” titletext=”Igualitaria” btn_icon=”fa fa-window-maximize” btntext=”4. Igualitaria”]La regulación de las drogas debe procurar que los beneficios de la misma se repartan de forma equitativa. Particularmente, deberá promover que los beneficios lleguen a los grupos más afectados por el prohibicionismo, priorizando la justicia social. Por ello, debemos impedir que este nuevo mercado sea capturado por la gran industria y asegurar la participación de los grupos más vulnerados, para lo cual será necesario realizar acciones afirmativas para facilitar que estos grupos transiten al mercado regulado, así como garantizar sus derechos laborales. De igual forma, se deben promover medidas de excarcelación para reparar el daño causado por el prohibicionismo.[/modal_popup_box]
[modal_popup_box btnalign=”center” titlealign=”center” titletext=”Medible” btn_icon=”fa fa-window-maximize” btntext=”5. Medible”]Debido a que estaríamos en presencia de nuevos mercados, las medidas implementadas deberán ser monitoreadas, analizadas y ajustadas periódicamente. Será necesario establecer instituciones especializadas cuyo fin sea evaluar estás nuevas políticas y proponer soluciones a los retos que puedan ir surgiendo. En todo momento, los órganos en cuestión deberán regirse por los principios aquí expuestos.[/modal_popup_box]

¡Conoce nuestras publicaciones sobre el tema!

¿Cómo vamos en México?

El proceso de militarización en México comenzó desde 1940; no obstante, en 2006, este proceso se aceleró cuando Felipe Calderón decidió desplegar permanentemente a las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado. Sus sucesores, han continuado con la misma estrategia. Las consecuencias sociales de estas políticas han sido desastrosas e incluyen un aumento exponencial de homicidios y desaparecidos. Es así que organizaciones de la sociedad civil y legisladores comenzaron a proponer enfoques alternativos para tratar el fenómeno de las drogas.

 

En 2007, se presentó la primera iniciativa para regularizar el cannabis y, aunque no fue aprobada, fue la primera de muchas por venir. En 2014, MUCD ganó el primer amparo contra la prohibición del cannabis y tan solo en ese año cuatro iniciativas más se presentaron en el Congreso. En 2018, MUCD ganó el quinto amparo, logrando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de cannabis. Como consecuencia, la SCJN ordenó al Congreso emitir una regulación; sin embargo, han sido omisos hasta la fecha. Consecuentemente, el 15 de julio de 2021, la SCJN emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, donde eliminó todos los obstáculos de la Ley General de Salud para que COFEPRIS pueda otorgar los permisos de uso personal de cannabis, ordenando publicar los lineamientos correspondientes. No obstante, Cofepris no sólo no ha emitido los lineamientos, sino que de forma sistemática obstaculiza y se niega a expedir los permisos solicitados por los usuarios.

 

En los últimos cuatro años, al menos 27 iniciativas se han presentado para regular el cannabis, pero ninguna ha sido aprobada. Si bien se ha hecho un enorme progreso, aún queda pendiente lo más importante: otorgar una regulación que garantice los derechos humanos de las personas consumidoras. Sin embargo, debemos resaltar que no es suficiente regular el cannabis. México es el tercer productor mundial de amapola y el principal distribuidor de cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos. Por ello, es necesario también regular otras sustancias para cambiar la drástica situación en la que se encuentra nuestro país.