Más de 80 organizaciones pidieron formalmente al INEGI una explicación clara sobre los recortes al presupuesto y la cancelación de encuestas.
29/01/2019, ADNPOLITICO.COM, Caleb Ordóñez
Una polémica reciente y creciente para el naciente gobierno es la reducción de presupuestos que promueve para el Instituto Nacional Electoral (INE), de 950 millones de pesos (mdp); y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 500 mdp, así como la suspensión de 14 proyectos de encuestas que son importantes para organizaciones civiles especializadas en periodismo, la lucha contra la corrupción o desinformación.
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Más de 80 organizaciones, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Documenta, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, México Evalúa, México Unido Contra la Delincuencia y el Grupo de Información en Reproducción Asistida, entre otras, pidieron formalmente al INEGI una explicación clara sobre los recortes al presupuesto y la cancelación de las encuestas.
La segunda es que algunos proyectos cancelados permitían monitorear la situación de poblaciones discriminadas, como los campesinos, las personas en situación de pobreza, las personas privadas de la libertad, usuarias de sustancias psicoactivas, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, entre otros.
Por último, la cancelación de las encuestas promueve invisibilidad de los grupos vulnerables, pues no se contará con datos sobre su situación, ni sobre las posibles vulneraciones a sus derechos lo que perjudicará el desarrollo de políticas públicas que garanticen sus derechos humanos.
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