- Desde 2019, la SCJN ordenó al Congreso de la Unión eliminar la prohibición absoluta del consumo de cannabis y regular todas las acciones necesarias para acceder a él.
- Lamentamos que, a pesar de las prórrogas otorgadas, el Congreso no haya cumplido con el mandato de la SCJN de emitir una regulación con un enfoque de justicia social, que terminara con la sobrerregulación y la penalización de personas usuarias y cultivadoras.
- En consecuencia, MUCD exhorta al Congreso de la Unión a convocar a una sesión extraordinaria para emitir la regulación que activistas y organizaciones civiles hemos exigido. En caso contrario, existe el riesgo de generar un grave vacío legal, dado que la SCJN tiene hasta el 28 de mayo de 2021 para sesionar la Declaratoria General de Inconstitucionalidad.
Ciudad de México a 30 de abril de 2021.- Desde 2012, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) ha trabajado por reformar la política de drogas en México y reorientar los esfuerzos de seguridad. Con ese objetivo impulsó el litigio estratégico y, gracias al caso SMART, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la prohibición absoluta del consumo de cannabis para uso personal es inconstitucional y ordenó al Congreso cambiar la ley antes del 30 de abril de 2021.
A dos años del mandato de la SCJN y después de 3 prórrogas, el Senado afirmó que no pudo llegar a un consenso y decidió discutir los cambios al dictamen, enviado el 14 de marzo por la Cámara de Diputados, hasta después de las elecciones. Sin embargo, desde su primera versión hasta la actual, el dictamen ha mantenido algunos de los aspectos más graves que activistas y organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado por ser contrarios al mandato de la Suprema Corte y violatorios de derechos humanos.
El dictamen no cumple cabalmente con la orden de la Corte de eliminar la prohibición administrativa del cannabis –al no quitar el THC con más de 1% de concentración del sistema de prohibición absoluta–; sobrerregula prácticas cotidianas de las personas consumidoras en detrimento de su libre desarrollo de la personalidad, y; mantiene la criminalización y penalización de personas usuarias y campesinas al no eliminar el delito de posesión simple y el delito de cultivo.
El Congreso pierde así una oportunidad histórica para terminar con la prohibición y reorientar la estrategia de seguridad hacia la persecución de delitos que sí dejan víctimas, en lugar de enfocar recursos hacia la persecución penal y administrativa de personas usuarias y cultivadoras.
Es inadmisible que, durante todo este tiempo, el Congreso no haya logrado llegar a un acuerdo para superar estos problemas, incumpliendo el plazo otorgado por la Suprema Corte para emitir la regulación. El Congreso tenía hasta el día de hoy para legislar en la materia, al no hacerlo, la SCJN debe reactivar el proceso de Declaratoria General de Inconstitucionalidad, cuya sesión podría llevarse a cabo antes del 28 de mayo y, de alcanzarse los votos necesarios, implicaría eliminar directamente los artículos declarados inconstitucionales.
Esto daría como resultado un vacío jurídico en el que, si bien eliminaría la prohibición, no habría regulación alguna. Este es un escenario sumamente grave pues coloca en una situación de inseguridad jurídica a todas y todos los mexicanos, sean o no personas consumidoras de cannabis, al no existir un marco regulatorio que otorgue certeza sobre las actividades que son legales o ilegales dentro de esta materia.
La regulación de la cannabis no puede posponerse más. Urgimos que el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a una sesión extraordinaria y emita una regulación que cumpla con las exigencias de justicia social y no criminalización. Es su responsabilidad evitar un posible vacío legal a raíz de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad por parte de la SCJN.
Descarga el comunicado
Contacto para prensa
Ulises Vera | Director de comunicación | l.vera@mucd.org.mx
