- El dictamen de reforma constitucional aprobado perpetúa el contexto de militarización que aqueja al país, además de que aplaza el urgente fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad.
- La aprobación se configura como una decisión más que acrecienta el poder político y económico de las FFAA en detrimento del carácter civil y democrático que debe tener la resolución de problemas públicos como la inseguridad.
- Llamamos a las legislaturas de las entidades federativas a oponerse a esta reforma, y a la sociedad civil a continuar exigiendo el regreso de las FFAA a sus cuarteles.
Ciudad de México, 13 de octubre de 2022. La madrugada de este jueves la Cámara de Diputados concretó la ampliación hasta 2028 del uso de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad pública. El dictamen de reforma aprobado ahora pasará a las legislaturas de los estados para convertirse en reforma constitucional.
Todos los poderes de la Unión —el Ejecutivo al enviar las iniciativas, el Legislativo al aprobarlas y el Judicial con su silencio cómplice— continúan agudizando la situación de violencia al socavar las vías democráticas para el contenimiento del poder militar. De tal forma, las FFAA continuarán actuando de manera autónoma, sin controles ni fiscalización civil y en total impunidad. Los tres poderes han montado el escenario perfecto para fortalecer a las instituciones castrenses y, a la vez, debilitar a las instituciones civiles.
El dictamen votado supuestamente contiene controles civiles y parlamentarios del actuar militar. No obstante, la negativa explícita del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de comparecer ante el Congreso de la Unión por el reciente hackeo a dicha institución es una muestra de que tales controles resultan insuficientes y habilitadores de la simulación. Lo anterior también es una muestra más del patente hecho de que las FFAA se gobiernan y regulan a sí mismas, lo que resulta incompatible con todo Estado Democrático de Derecho.
La reforma en cuestión también es una prueba de que las condiciones contenidas en el artículo quinto transitorio del decreto de creación de la Guardia Nacional no se verán respetadas. No existe garantía alguna de que la participación militar en tareas de seguridad pública llegue a ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada ni complementaria.
El aplazamiento del retiro de los militares de las calles ocurre dentro de un contexto en el que el Gobierno Federal ha resuelto asegurar la autonomía financiera de las autoridades castrenses, así como otorgarle una gran cantidad de facultades y tareas propias de la administración pública como el control migratorio, la construcción de infraestructura y la administración de aduanas.
Tan sólo de 2006 a 2021, los recursos a cargo de la Sedena aumentaron en 163% y los de la Secretaría de Marina (Semar), en 119%. En los últimos 12 años, las instituciones civiles han transferido a las FFAA por lo menos 227 funciones civiles. Además, las recientes revelaciones del llamado #SedenaLeaks han demostrado que el Ejército ha participado de la redacción de al menos una decena de iniciativas de ley, incluida la iniciativa para entregar a la Sedena el control operativo de la Guardia Nacional.
De concretarse esta reforma, quedará eliminado el único límite a la presencia militar que quedaba, el de la temporalidad, y entregará el control de la seguridad a una institución que no acepta ni aceptará ningún tipo de supervisión civil, comenzando por la parlamentaria. Por ello, llamamos a las legislaturas de los estados y a la sociedad civil que se opongan a esta y a cualquier otra medida tendiente a aumentar el poder militar en detrimento de la democracia y del carácter civil de la administración de los asuntos públicos.
#NoALaMilitarización
#MilitarizarNoEsPaz
