La prisión preventiva oficiosa, violatoria de los derechos humanos
Cristina Reyes de MUCD exhortó a la Cámara de Diputados a que no se apruebe el dictamen del Senado. “Nos parece un gran absurdo que se pretenda continuar subsanando la incapacidad de argumentar en audiencia las razones por el cual un caso amerita las medidas”.
Insistió en que esta medida no ha contribuido en la disminución de la corrupción y la criminalidad, a pesar de que es una herramienta incluida en la Constitución y que lleva funcionando desde 1917, aunque con diferentes nombres.
07/02/2019, Cámara de Diputados, Boletín N°. 03 (Bol. 1001). El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, afirmó que, desde la perspectiva de los estándares internacionales, la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos.
Consideró que “el Congreso debería estar dando pasos decididos en dirección opuesta; más que discutir la eventual extensión, tendría que estar planteando la eliminación de ese tipo de reclusión”.
Al participar en la Mesa 2 “Seguridad, justicia y prisión preventiva oficiosa”, de las Audiencias Públicas sobre este tema, explicó que el planteamiento no es derogar la prisión preventiva justificada, ni dejar a todas las personas imputadas libres, pero hay que entender que la prisión oficiosa es automática, obligatoria y supone la privación de garantías procesales básicas.
Añadió que este tipo de reclusión aumenta el riesgo de tortura y no abona a superar la impunidad. “El denominador común de la arbitrariedad y del encarcelamiento injusto de inocentes es la mala investigación, y es importante señalar que esta medida no abona a que la indagación mejore”.
Jan Jarab dijo que determinar la prisión preventiva oficiosa sólo depende de la autoridad investigadora y de cómo califica el supuesto delito; es decir, decide si el imputado va a pasar largo tiempo recluido en espera de sentencia. Sin embargo, en un Estado de derecho, es el Poder Judicial el que tendría que resolver, de manera individual, si el imputado debe ser privado de su libertad bajo criterios de legalidad y proporcionalidad.
Agregó que la impunidad en México coincide con la alta presencia de personas inocentes que esperan su liberación de las cárceles, y no pueden aguardar su sentencia en libertad, porque el delito que se les imputa –en muchas ocasiones de manera indebida– está en la lista de prisión preventiva oficiosa.
Recomendó estipular en la Constitución un catálogo de delitos en los que el Ministerio Público tenga la obligación de solicitar la prisión preventiva.
Al dar la bienvenida a los participantes, el diputado Héctor René Cruz Aparicio (PES), moderador de esta mesa, destacó que se trata de un tema relevante por el contexto social que conlleva la minuta, por lo que hoy se busca conocer las posturas de expertos que contribuyan en la discusión.
“De eso se trata el parlamento abierto; que su opinión lleve a los diputados a tomar una decisión en favor de los mexicanos”, expresó.
Subrayó la importancia de la participación de los especialistas y sus aportaciones en estas mesas de trabajo, “pero necesitamos las propuestas que ustedes nos hagan para sacar adelante una reforma que ayude a combatir la criminalidad, pues los delitos van a la alza en todo el país”.
El ciudadano exige respuestas y estamos obligados a dárselas, por eso estas mesas de trabajo son adecuadas y les pedimos que nos ayuden y “tengan la seguridad de que tomaremos la decisión más responsable”, enfatizó.
Cristina Reyes, colaboradora de México Unido Contra la Delincuencia, exhortó a la Cámara de Diputados a que no se apruebe el dictamen del Senado. “Nos parece un gran absurdo que se pretenda continuar subsanando la incapacidad de argumentar en audiencia las razones por el cual un caso amerita las medidas”.
Insistió en que esta medida no ha contribuido en la disminución de la corrupción y la criminalidad, a pesar de que es una herramienta incluida en la Constitución y que lleva funcionando desde 1917, aunque con diferentes nombres.
Nota completa en: LXIV Legislatura Boletín N°. 03 (Bol. 1001)
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