Autoridades tardan hasta 15 días para realizar el trámite en la Unidad de Delitos Sexuales.
21/06/2019, El Popular, Puebla, Marcos Nucamendi
Luego de una violación, una menor de edad acude con su madre a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, ubicada en Puebla capital, y es canalizada con el Ministerio Público Orientador. Existen al menos tres filtros este primer día: la narración de hechos al orientador jurídico, al Ministerio Público y al perito médico, quien sólo le hará un estudio general; la valoración especializada, que debería hacerse en el Hospital General, no se hará de inmediato, pues la madre de la víctima no recibe indicación alguna.
Tres días más tarde, el Ministerio Público solicita a la víctima que se presente a la Unidad, nuevamente, para iniciar la carpeta de investigación; la entrevista no se realiza, por problemas con el perito traductor. Tres semanas después, el Ministerio Público no se ha comunicado con ella, por lo que acude a la Unidad y a la sociedad civil para ejercer presión.
Medio mes después, un asunto importante se resuelve: personal ministerial realiza otra entrevista a la víctima y levanta la denuncia, esta vez con la presencia de un perito traductor adecuado; ni la madre ni su hija hablan bien español, pues pertenecen a una comunidad indígena de la Ciudad de Puebla que habla una variante específica del náhuatl.
Un mes ha pasado para iniciar la carpeta de investigación y la víctima, sin embargo, no ha acudido a un hospital para ser valorada por un perito médico. Cuando finalmente acude a un hospital, se da cuenta que está embarazada; sólo recibió la profilaxis (prevención, control de una infección) ante una posible exposición al VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Ante situaciones como ésta, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJ) firmaron un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE), esto para implementar un proyecto de fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas que reduzca las irregularidades que tienen lugar durante el inicio de las carpetas de investigación, especialmente las que se refieren al tiempo de espera y a la necesidad de contar, desde el primer contacto del denunciante, con todas las personas que deben escuchar su declaración.
El monitoreo
Durante los próximos tres años, el MUCD y el CCSJ realizarán un monitoreo y una evaluación de las actuaciones del personal ministerial en tres agencias seleccionadas —de 9 de la mañana a 6 de la tarde—, con vistas a elaborar propuestas que entre otras cosas, mejoren la evaluación de las personas denunciantes, reduzcan las deficiencias procedimentales y consigan que las autoridades adopten las “recomendaciones de política pública que le den sostenibilidad a los impactos logrados para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la justicia”.
Además de los objetivos generales, el convenio prevé que al finalizar el proyecto —una vez adoptadas las propuestas de mejora—, se reduzcan efectivamente los actos de ilegalidad y victimización secundaria, haciendo más “diligente y eficaz” el servicio que se le da a los denunciantes, así como la consolidación de “mecanismos eficientes de denuncia ciudadana y sanción de servidores públicos que incurran en actos de ilegalidad y/o corrupción”, se lee en el comunicado conjunto.
Hacia un modelo replicable
“Si esto nos sale bien, esperamos que, al tercer año de trabajo, podamos llegar al menos a un 50 por ciento de agencias del Ministerio Público con un modelo de gestión integral tipo”, comentó para El Popular, diario imparcial de Puebla Alfredo Peña, director de Cultura de la Legalidad de MUCD.
“La gradualidad con la que nos extenderemos va a depender, sobre todo, de las negociaciones que hagamos con la propia Fiscalía, y en particular con el nuevo o la nueva fiscal”, con quien espera tener una colaboración igual o incluso más productiva que con el actual encargado de despacho, Gilberto Higuera Bernal. En un máximo dos semanas, aseguró, MUCD, el CCSJ y la FGE estarán delimitando la muestra, para empezar el monitoreo a mediados de julio, iniciando así los trabajos al interior de las agencias del Ministerio Público.
Aunque los índices delictivos son un punto a considerar, Alfredo Peña detalló que antes de “ir a las urgencias” se debe atender “lo importante”, pues los criterios con los que se escogen las muestras tienen que ver más con que las agencias cuenten con la mayor cantidad de servicios: denuncias con y sin detenido, servicios periciales, policía de investigación, psicólogo y medicina forense; “entre más datos puedan obtenerse, mejor”, así podrá construirse un modelo “integral, replicable y escalable” a otras agencias del Ministerio Público que no estén necesariamente en la capital.
“Sé que esto (el tiempo y el alcance inicial) para las víctimas no son las mejores noticias, nosotros somos conscientes de eso; pero también sería una burla para ellas decir que lo vamos a resolver de la noche a la mañana. El proceso de implementación del proceso de justicia penal no cumplió con los estándares mínimos, y en muchos casos incluso, generó deficiencias adicionales. Aun así, si podemos aspirar —luego de esos tres años— al 100 por ciento de alcance, ahí estaremos”, estimó.
Nota vía: elpopular.mx
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