Tener a elementos de Fuerzas Armadas fuera de sus cuarteles participando en labores de seguridad pública ha aumentado la violencia y las violaciones a derechos humanos, además de violar nuestro derecho a una seguridad ciudadana, por eso, emprendemos acciones legales para que el Estado los retire de esas labores.
Defendemos las restricciones constitucionales para la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública.
Ganamos dos juicios de amparo en contra del Acuerdo Militarista, en los que Tribunales Colegiados de Circuito reconocieron que el Acuerdo por el que el Presidente autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública en todo el país no cumple con los estándares de excepcionalidad y temporalidad que mandata la jurisprudencia mexicana y tampoco con los límites constitucionales y convencionales que ordenan que su participación deberá ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
A través de estas estrategias, buscamos defender el Estado Democrático de Derecho, así como el derecho de las personas a la seguridad ciudadana.
La reforma constitucional al artículo 21 –por la que se creó la Guardia Nacional en 2019– estableció de manera clara y contundente que dicha institución de seguridad pública deberá ser de carácter civil, policial y profesional, así como estar adscrita a la secretaría del ramo de la seguridad pública federal. Por eso nosotras:
1) Reclamamos ante la Suprema Corte las normas que regulan la integración de la Guardia Nacional, pues no garantizan que esta se consolide como una institución de seguridad pública civil.
2) Denunciamos que los convenios de colaboración entre la Guardia Nacional y estados y municipios imponen condiciones invasivas a los gobiernos locales, sometiendo al poder civil a la vigilancia militar.
3) Impugnamos la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional
4) Nos opusimos a que la Guardia Nacional, integrada en su mayoría por militares, tenga facultades para supervisar medidas cautelares y condiciones de la Suspensión Condicional del Proceso.
A través del litigio buscamos impulsar la creación de una corporación de seguridad verdaderamente ciudadana y respetuosa de los derechos humanos.
En los últimos años, las Fuerzas Armadas han adquirido cada vez más funciones que no corresponden a la disciplina militar, como lo son el control de puertos, aduanas, obras públicas o campañas de vacunación. El aumento de estas facultades sin controles democráticos debilita a las instituciones civiles y la capacidad de la población de pedir rendición de cuentas.
Por esto, hemos reclamado que no se realice la transferencia del control de la marina mercante a la Armada de México; así como el despliegue de la Guardia Nacional en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, previniendo que los escasos recursos del gobierno local puedan ser utilizados para el mantenimiento de este servicio público.
Nos preocupa que esta transferencia de funciones se haga no sólo en contra de los mandatos y restricciones constitucionales, sino también en detrimento de las instituciones civiles y la vigilancia ciudadana. Por eso, a través del litigio, buscamos defender el orden civil y las instituciones democráticas.
Logramos que el Poder Judicial reconociera que el delito de posesión simple no protege la salud pública ni contribuye a eliminar el tráfico ilícito de las drogas y, por el contrario, sólo criminaliza a personas jóvenes precarizadas. ¡Un primer paso para eliminar ese delito!
Si has sido detenido o detenida por posesión simple, descarga nuestra guía de herramientas para tu defensa: “¿Te agarraron con mariguana? No te paniquees”, que forma parte de nuestra campaña para eliminar el delito de posesión simple.
Queremos que el Estado tome en serio su papel de atender la salud y reducir daños en personas usuarias de drogas que buscan llevar una vida digna. Con litigio estratégico, reclamamos al Estado su omisión de garantizar tratamientos efectivos y políticas de reducción del daño.
Defendemos el derecho al tratamiento de quienes consumen drogas inyectables.
Para lograr que el tema de drogas deje de ser relacionado con el crimen debe regularse y, además, atenderse desde la salud sin estigmatización. Esto sólo es posible si el Estado estudia con seriedad el asunto y genera políticas basadas en evidencia. Por eso, en MUCD:
Alertamos a Conapred de una campaña oficial sobre drogas muy estigmatizante
Peleamos en tribunales para que no se elimine la Encuesta Nacional de Adicciones
En alianza con otras organizaciones de la sociedad civil impulsamos acciones colectivas para que el sistema de justicia actúe con apego a derechos sin corrupción y con transparencia, para garantizar el acceso a la justicia y erradicar la impunidad.
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