Monitoreo ciudadano de la Fiscalía General del Estado de Puebla

En 2018 iniciamos una colaboración con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla a través de la cual implementamos el programa “Monitoreo ciudadano en la Fiscalía General del Estado de Puebla”. Como parte de este ejercicio de auditoria social, desplegamos un equipo de personas monitoras ciudadanas quienes durante meses han observado, registrado información y evaluado el servicio que el funcionariado público de tres fiscalías especializadas provee a la ciudadanía durante el proceso de recepción de la denuncia.

La presencia física de las personas monitoras ciudadanas durante un período ininterrumpido permite tanto la aplicación de encuestas de salida a las personas usuarias de las fiscalías sobre la calidad del servicio recibido, como el llenado permanente de guías de observación. Esto nos permite conocer a profundidad el trabajo realizado por el funcionariado público, así como detectar los problemas persistentes que obstaculizan el acceso a la justicia de las víctimas del delito.

Nuestro programa de monitoreo ciudadano

Observa, registra, evalúa y da retroalimentación mensual a las autoridades de procuración de justicia; además de difundir resultados semestrales en ruedas de prensa para informar a la ciudadanía.
Informa y empodera a la ciudadanía sobre sus derechos como personas denunciantes y sobre el proceso de denuncia.
Atiende a víctimas y da seguimiento al detectar alguna irregularidad o ilegalidad durante el procedimiento.
Reporta al funcionariado público que opera de manera corrupta, ineficiente e indebida.

Objetivo general

Mejorar el acceso a los servicios de procuración de justicia, a través de la elaboración de propuestas de mejora enfocadas a reducir las deficiencias procedimentales durante el inicio de la carpeta de investigación, basadas en el monitoreo y evaluación del servicio que se les da a las personas denunciantes en las fiscalías.

Objetivos específicos

Empoderar a la ciudadanía, ofreciéndole información sobre sus derechos como personas denunciantes y orientándole sobre las particularidades del proceso penal.
Reducir las deficiencias procedimentales que ocurren durante el inicio de la carpeta de investigación y su impacto en el derecho al acceso a la justicia.
Vigilar y propiciar el apego a derecho en los procesos de recepción de denuncia, así como de la cultura de la legalidad entre el funcionariado público.
Exigir mejoras a la calidad del servicio y el funcionamiento en las fiscalías.
Promover la denuncia informada del delito.