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Décimo Octava Encuesta Nacional sobre

Percepción de Inseguridad Ciudadana en México

 MUCD y Consulta Mitofsky

 (Jueves 22 de noviembre de 2018)

https://www.facebook.com/MUCD1/videos/322626724998425/

 

Descarga la XVIII-Encuesta-Mitofsky-MUCD-221118

 

 

Muy buenos días tengan todos ustedes:

México Unido Contra la Delincuencia es una asociación sin fines de lucro que lleva más de 20 años presentando propuestas a favor de la seguridad y la justicia, enfocadas en crear una verdadera cultura de la legalidad en México.

Presentamos propuestas sustentadas en evidencia. Por eso, desde hace 12 años México Unido Contra la Delincuencia y Consulta Mitofsky unimos esfuerzos para conocer no solo cómo vivimos los mexicanos la inseguridad en nuestro día a día, sino también si hemos percibido mejoras a lo largo del tiempo, y el impacto en nuestras actividades cotidianas.

Señoras y señores:

¿Qué hemos aprendido en estos últimos 10 años?

1. Qué año con año los mexicanos nos sentimos cada vez más inseguros, y que esa tendencia va de mal en peor.
2. Qué las políticas públicas –como, por ejemplo, la de la guerra contra las drogas y el uso de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública– no han resultado en una baja en la percepción de inseguridad, sino incluso en mayores problemas que los que en teoría iban a resolver.
3. Qué en lugar de combatir la delincuencia, los mexicanos nos hemos venido adaptando a la delincuencia. Los mexicanos hemos cambiado dramáticamente nuestros hábitos cotidianos para sobrevivir en un ambiente de profunda inseguridad, impunidad y violencia extrema.

 Aún más:

• Los mexicanos piensan que las autoridades han fallado en su desempeño de ser un referente para atacar la inseguridad y la impunidad. Más bien opinan que son corresponsables de dichos efectos.
• Los mexicanos siguen hoy preocupados por la nula eficacia en el debilitamiento de las organizaciones delincuenciales y la imposibilidad de lograr la pacificación del país.
• Los ciudadanos tienen un enorme enojo contra quienes han sido responsables de enormes actos de corrupción y no coinciden en otorgar perdones, independientemente de que en lo sucesivo llegue a haber mejores controles para luchar contra nuevos abusos.

La presentación de los resultados de la 18ª Encuesta Nacional no puede ser más relevante. No solo estamos a 9 días de que el nuevo gobierno entre en funciones, sino que el presidente electo presentó recientemente su propuesta de Plan de Paz y Seguridad 2018-2024.

Señoras y señores:

En relación a esta propuesta que no quede duda. Si algo hemos aprendido esta última década es que México debe transitar hacia una seguridad pública con base en un enfoque de instituciones civiles, y no con base en cuerpos militares. Los resultados de nuestra Encuesta Nacional sustentan que la vía militar ha generado un desgaste progresivo en cuanto a los niveles incrementales de violencia acumulados en ya prácticamente todo el país.

Permítanme presentarles una evaluación de dónde estamos parados hoy en día en materia de seguridad, cómo se han ido plasmando promesas y expectativas y cuáles son las realidades que hoy enfrentamos.

Este sexenio arrancó con un dinamismo importante por los acuerdos legislativos que se lograron en las ya tan llevadas y traídas reformas estructurales. Las mismas prometían quitar los aparentes frenos de mano que impedían un crecimiento mayor de la economía, y que, por lo tanto, de esta manera se podría generar una mayor y mejor distribución de la riqueza, lo que tanto aspira a tenerse como mecanismo de cierre de la brecha social que hemos venido arrastrando por décadas.

Sin embargo, ante la falta de voluntad política para entrar no solamente a destrabar los temas económicos o legales en cuestiones o sectores tan relevantes como pueden ser el energético o el de telecomunicaciones, se hizo a un lado la necesaria cirugía para fortalecer los esquemas de procuración de justicia mediante coordinación, inteligencia y operación eficiente. Simplemente se optó por pensar en forma superficial que si se lograba un alud de inversiones, el resto de los problemas desaparecería y se apostó a a seguir utilizando el uso de fuerzas armadas para los temas de seguridad pública. Literalmente le apostaron a lo que en algún momento en la década de los 70’s el entonces Presidente López Portillo dijo que nos deberíamos “preparar para administrar la abundancia”. El problema es que ni en aquél momento ni en este sexenio llegó tal abundancia, por lo menos en cuanto a bonanza económica se refiere. Más bien hubo crisis significativas que erosionaron la expectativa de repentinamente verse rodeados de progreso económico.

La realidad pegó, y pegó fuerte en forma dramática a partir de septiembre de 2014. A unos días escasos de que al Presidente se le otorgó un reconocimiento en Nueva York como mandatario del año, no había regresado cuando se destapó la crisis de Ayotzinapa. Un problema que se quiso minimizar u ocultar, lamentablemente puso de manifiesto todo lo que está mal en nuestros sistemas de seguridad y de justicia – simulación, opacidad, improvisación e impericia. En lugar de entrarle de lleno para provocar una resolución en la cual se obtuvieran resultados blindados técnica, científica y legalmente, se trató de generar la famosa verdad jurídica que no pudo sostenerse ante los cuestionamientos de cualquier persona que revisaba su trabajo, y particularmente del grupo de expertos internacionales que se incorporó al proceso de examen respectivo.

Además de dichas carencias, lo cierto es que en gran medida los problemas surgen y obedecen a una negligencia inexplicable en lo que al período de transición del sistema penal acusatorio se refiere. Dicho periodo duró 8 años de 2008 a 2016 y generó una bola de nieve en la cual lo único patente era que en relación a dicho nuevo sistema se nos había prometido que generaría resultados mucho mejores que el anterior. La razón principal es porque atajaría y resolvería muchas de las problemáticas y arbitrariedades que fueron documentadas por años. El nuevo sistema traería transparencia, controles, y eficacia en los mecanismos de investigación y procuración de justicia. Sin embargo, a pesar de todo el tiempo transcurrido, a la fecha seguimos sin ver tales resultados.

En su lugar vimos como un sistema con muy poco adiestramiento se colapsó. Lo que no se hizo durante 8 largos años se pretendió suplir en escasos 6 a 12 meses. El resultado fue obvio, el sistema no podía funcionar y ni siquiera lo hace a la fecha conforme está diseñado porque los que tienen que operarlo no recibieron jamás la capacitación para ello. Tenemos un vehículo formidable pero que no tiene pilotos. Las policías, los ministerios públicos y los jueces no están sincronizados. Por lo tanto no existe forma alguna de procurar justicia puesto que las garantías de presunción de inocencia y procesales les exigen niveles de sofisticación que no pueden producir.

Como si lo anterior no fuera suficiente, igualmente empezaron a destaparse a partir del segundo tercio de este sexenio y marcadamente en esta recta final significativos escándalos de corrupción en los tres niveles de gobierno. La imaginación no tuvo límites en cuanto al descaro con el cual se dilapidaron los recursos en todos los ámbitos de gobierno. Hubo un festín de arbitrariedades y ligerezas en cuanto a licitaciones públicas se refiere. Se idearon esquemas bajo los cuales el recurso público terminaba no generando un solo beneficio para la población sino para llegar a los bolsillos de los que perpetraron la mayor estafa de la que se tenga conocimiento en el México moderno. Escándalos como Odebrecht, Estafa Maestra, Casa Blanca, Malinalco y otros marcaron indeleblemente la gestión del aún Presidente de la República, una buena parte de su gabinete y muchos gobernadores. Cabe señalar que en este indebido actuar no hubo distinción de partidos, todos le entraron al botín. En la medida en que la impunidad estaba garantizada, el año de Hidalgo empezó quizá desde el primer día del sexenio puesto que ya había huella de Odebrecht y de la participación de Emilio Lozoya.

El común denominador ha sido el que no haya acción alguna, ningún tipo de ejercicio de inteligencia financiera, y sí una protección absoluta para que no hubiera sanciones. La presión social fue tan grande que no pudieron evitar hacer algo en los casos de los Duartes y Borge. Sin embargo, aún en estos casos hay enormes deficiencias procedimentales que parecen haber beneficiado a los procesados o a los que ni siquiera se les ha llamado a juicio por estar pendiente una orden de extradición. Como se le vea, un ridículo mundial y una desfachatez en ser lo que son hoy, una banda de forajidos encabezados por Enrique Peña Nieto que dilapidaron los fondos públicos en detrimento de la población. Y fue ese ingrediente el que fomentó un hartazgo tan grande que el tsunami electoral del 1 de julio pasado se dio con todas sus consecuencias. El reclamo de justicia es permanente, tanto por lo que hace a sancionar y exigir se rezarsa el daño causado regresando lo que no les pertenezca. Las 2 cosas son importantes. Que devuelvan todo lo que se robaron y que los metan a la cárcel.

En el contexto actual no podemos dejar de ver que si bien es cierto 2017 fue el año más violento del que se tenga noticia en la historia reciente del país desde que estos datos son registrados y probablemente desde la época revolucionaria de principios del siglo pasado, lamentablemente tenemos que informar que 2018 es ya un año con mayor incidencia delictiva y de violencia. Triste es no solamente el decir que haya un número mayor de actos criminales, pero peor aún el que la trayectoria y la tendencia es de deterioro notorio. No podemos aspirar a tener un país en el que se respire paz y tranquilidad cuando las tendencias son las contrarias a las deseables. Seguimos en una ruta perdedora de violencia, impunidad y nula mejoría.

Es este momento, por ejemplo, es triste decir que quizá salvo Mérida no hay una sola ciudad en el país que goce de una tranquilidad aceptable. Nos encontramos en un verdadero polvorín. Pero además parecería ser que ya durante los últimos meses todas las autoridades con dignísimas excepciones han soltado las riendas y por lo mismo no hay controles efectivos contra la delincuencia. Por el contrario, se aprecia una exacerbación de actitudes contrarias a la ley sin que haya capacidades de respuesta eficiente por parte de las autoridades. Tenemos niveles de comisión de delitos en récords históricos como en el caso de secuestro, homicidio, extorsión, violación, trata de personas, etc., y en forma notoria con niveles de violencia extraordinarios en todo tipo de robos (transeúntes, transporte público, casa habitación, comercios, industrias, camiones, trenes y el famoso huachicoleo). Un verdadero desastre en materia de paz y justicia y por ello la importancia de la exigencia para el gobierno que viene a partir del 1 de diciembre.

Así llegamos al momento actual. Las expectativas han sido y siguen siendo muy grandes en cuanto a que el cambio a partir del 1 de diciembre se dé para lograr no solamente una transición como la de aquél ya lejano 2000 al entrar Fox al poder, sino que se den profundas modificaciones en los sistemas de seguridad y justicia. Mención especial evidentemente tiene que hacerse respecto a las cuestiones de combate a la corrupción.

Lo que se pide es que no haya improvisaciones sino una clarísima función de entrar a resolver los problemas de fondo sin simulación, beneficiándose de los diagnósticos que se han hecho por años, y de acciones concretas que no pueden ignorarse. Algunas de esas acciones puntuales son las siguientes:

1. Capacitación Policial: Tenemos una enorme pulverización en sistemas policiacos municipales, estatales y federales cuyo principal problema es que no tienen un nivel homogéneo de entrenamiento, remuneración y mucho menos de distribución ordenada de competencias.
2. Coordinación Policial: Además de que estén capacitados es importante que las policías puedan hablar entre sí, de tal suerte que en las investigaciones en los actos de procuración de justicia y particularmente en aquéllos que resulten en temas para el uso del Sistema Penal Acusatorio lleguemos finalmente a un eficiente funcionamiento del mismo.
3. Fiscalías Autónomas: Es menester que para que el sistema de procuración funcione tengamos fiscalías independiente y autónomas que no dependan del poder público. Pero además que éstas trabajen en forma armónica con las policías. De nada sirve tener la capacidad de generación de datos y de inteligencia operativa por parte de las policías si éstas no los comparten y trabajan en forma diligente con las personas encargadas de integrar las carpetas de investigación y eventualmente someter a proceso a los presuntos responsables. Hoy esa interacción no existe, razón por la cual tenemos los niveles de impunidad que sabemos están en muchos casos por encima del 90% con las consecuencias y nula expectativa de justicia que la gran mayoría de los ciudadanos hoy tienen.
4. Recuperación del Sistema Carcelario: Es urgente que el sistema penitenciario esté nuevamente en manos del estado y no de quienes gozan de un trato preferencial porque las bandas delincuenciales desde ahí manejan todos sus negocios y ni siquiera les cuesta la renta. Nosotros los ciudadanos, que somos sus víctimas, les estamos subsidiando desde donde operan y no podrían ser objeto de sanción porque presumiblemente ya están en el lugar donde están purgando una pena por sus fechorías. Lo realmente trágico es que no solamente no son castigados, sino que desde ahí crecen sus redes de corrupción y de ataque a la vida pacífica del país. Además, les proporcionamos a las personas a quienes reclutar que son detenidas en una buena suma por simples consumos de drogas, como si eso fuera realmente una situación que amerita ponerlos tras las rejas cuando ahí van a ser objeto de consumo obligado de las mismas y de una capacitación exhaustiva para convertirse en unos verdaderos delincuentes.
5. Eliminación de la Prohibición de Drogas: A pesar de que ya hay señalamientos e incluso iniciativas que apuntan a que en el nuevo sexenio veremos finalmente la racionalidad en devolverle al estado la capacidad regulatoria en todo tipo de drogas, el paso con el que se realicen estos cambios es directamente proporcional a la mejora en resultados que hoy no se tienen. Es decir, solamente en la medida en que se regrese a que sea el estado quien regule y no la delincuencia los tipos, clases, edades, lugares, calidades, etc. de uso de todo tipo de drogas, como ya lo hace en materia de tabaco, alcohol y medicinas, podríamos aspirar a finalmente lograr mejores resultados. Si no se debilita financieramente a la delincuencia seguiremos viendo como su poder se magnifica y simplemente sigue engullendo las capacidades institucionales en tantos y tantos municipios y estados que hoy no tienen un sustento de legalidad, y más bien viven en un infierno ante la violencia acumulada por tantos años.

En resumidas cuentas, existe una situación de emergencia que amerita la toma de decisiones solventes. Pero esas deben estar sustentadas en las mejores técnicas y mejores conocimientos, no en improvisación y mucho menos en cambios simplemente de forma. En ese sentido y a pesar de la declaración de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar la Ley de Seguridad Interior la semana pasada, en esos mismos días la nueva administración se pronunció en torno a su Plan de Seguridad y Justicia 2018-2024. El gobierno por tomar posesión ha decidido no solamente no hacer eco del pronunciamiento del máximo tribunal, sino que incluso con su deseo de militarizar la seguridad pública ha propuesto crear la figura de la Guardia Nacional a través de una reforma constitucional para entonces marginarse de la posibilidad de un estudio del caso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y vaya que hay mucho que decir al respecto. En las horas y días siguientes a su exposición respecto al plan de seguridad próximo, nos dimos a la tarea de analizar el pronunciamiento. Sobre el particular hay que decir que nos oponemos a la idea de que militarizar aún más la procuración de justicia y seguridad pública constituye un retroceso enorme porque apuesta a ejercer por la fuerza lo que no se puede conseguir con la inteligencia operativa, eficiencia procedimental, y capacidades institucionales. Es decir, en lugar de aplicar la receta que pasa por tener policías y MPs capacitados, coordinados y enfocados en cumplimiento de la ley y respeto a derechos humanos, ahora se nos dice que será la Guardia Nacional como nueva fuerza de ataque la que se encargue de revertir las condiciones de inseguridad y violencia en el país. Nada más alejado de la realidad. Más violencia no puede apaciguar al país.

Si bien es cierto es importante lograr la hegemonía en el uso de la fuerza para poner orden, algo que las organizaciones delictivas han cuestionado, también lo es que los componentes de seguridad pública y procuración de justicia deben enfatizarse mediante capacidades institucionales de policías bien capacitados y organizados. Utilizar a la milicia en estos esfuerzos no puede dar sino más resultados con enormes componentes de violencia, violación de derechos humanos, e incluso abierta letalidad. Por ahí no.

Si bien es cierto que el referido Plan de Seguridad hace referencia a conceptos apetecibles como el cambio en la política de drogas, la recuperación del sistema carcelario, la instauración de una ética operativa, y el respeto a los derechos humanos, su real componente de fondo es la apuesta por la Guardia Nacional y su fuerte ingrediente de origen militar. No nos engañemos que lo que quieren es centralizar todas las decisiones en materia fiscal, económica, presupuestal, y ahora incluso en temas de seguridad y justicia. Dicha concentración ante la carencia de contrapesos y el exceso de facultades nos presenta un panorama muy delicado. Parecería ser que quien pronto tendrá el título de “Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas” se quiere convertir en una especie de todopoderoso con facultades y controles amplísimos sin limitaciones o formas de examinar desempeño. Cuidado ante tales excesos.

En ese sentido el reclamo hacia la nueva administración es que tome en cuenta todos los estudios ya realizados por años en que hay perfectamente establecidas las medidas como las que señalamos arriba para realmente entrar de fondo a los problemas que hoy nos embargan. No apostar a la violencia, sino a la inteligencia y orden para lograr que la pacificación del país se logre con instituciones civiles fuertes, tal y como ocurre en los países en que existen las condiciones que aspiramos, y no el de regímenes autoritarios con carencias de libertades, abusos cotidianos, y carencia de legalidad. La ruta puede y debe ser más larga, pero los resultados y beneficios duraderos y transparentes. Institucionalidad sí – caudillismo no. Democracia sí – intolerancia no.

Hay que decir que nosotros pensamos que existen las condiciones para que en el país se pueda volver a generar un mucho mejor clima de seguridad y justicia. Sí es factible recuperar la paz y la tranquilidad que en algún momento existió y que lamentablemente no hemos tenido ya por muchos años. Sí es factible lograr que en nuestro país se respire un clima de certidumbre que abone al crecimiento económico y por lo mismo a que las diferencias se cierren no por decreto sino por el estímulo natural de una economía que encuentre mejores derroteros con leyes claras, autoridades eficientes y cero impunidad. Una buena parte de esa prueba la vamos a ver en los primeros días de diciembre para saber si efectivamente hay el deseo de erradicar la corrupción no solamente hacia el futuro sino poniendo tras las rejas a quienes notoria y visiblemente se hicieron de cantidades multimillonarias en abierto ataque a nuestro honor como sociedad y en violación sistemática de nuestras normas. De no realizarse estas acciones entenderemos que el famoso pacto de impunidad inter sexenal sí se suscitó con todo lo negativo que eso puede traer consigo. El mandato fue claro en las urnas, combate frontal a corrupción y pacificación del país, y por lo mismo queremos ver que esos objetivos sean más que una mera declaración que se la lleve el aire. Peor aún es apostar a la violencia, autoritarismo, intolerancia y abuso como herramientas de posicionamiento del nuevo gobierno. El que les hayan dado el control de varios poderes no los autoriza para pasar por encima de la lógica, la razón y la ciencia. Exigimos resultados en base a esquemas transparentes y de plena legalidad.

En México Unido Contra la Delincuencia nos pronunciamos fuertemente porque tengamos una ciudadanía que se exprese con contundencia y en la cual tengamos justamente la participación, la exigencia, la contestabilidad, la excelencia y la solidaridad como ejes rectores que nosotros le denominamos: PECES. Requerimos muchos de este tipo de ciudadanos por que los contrapesos institucionales han sido debilitados o se derrumbaron con el mandato único a un solo partido en el poder. No es una manifestación de desconfianza, pero si una alerta de que al no haber esa forma de controlar excesos la ciudadanía se vuelve el eje fundamental para lograr los mejores resultados. Aunque también lo debería ser el caso del empresariado hemos visto ya algunas muestras increíbles de cómo pueden ser acomodaticios y de no salvaguardar por encima de sus propios intereses los de la ciudadanía y del propio país. Reprobable que se comporten como mercenarios. Hemos visto, por ejemplo, el acuerdo poco ortodoxo y diríamos más bien ilegal de cancelación de proyectos de infraestructura pública mediante promesas de asignaciones futuras. Esas maniobras no son buenos agüeros de un régimen que se jactó de que actuaría siempre en el marco de la plena legalidad. Estamos viendo exactamente lo contrario. En lugar de luchar contra la corrupción parece ser que la quieren alimentar con aquellos que se sumen a sus decisiones. Así no podemos avanzar a un verdadero Estado de Derecho.

Concluimos este acto señalando que solamente con un régimen de legalidad, de combate frontal a la corrupción y agotamiento del pacto de impunidad podremos tener un México próspero y digno. El caso contrario puede llevarnos a situaciones ya de suyo delicadas como las que tenemos hoy en día, pero incluso peores. Siempre se puede estar peor. No queremos parecernos a ningún país de Sudamérica como los que ya sabemos existen hoy en día con terribles resultados. Debemos aspirar a ser lo contrario, un país de ejemplo, con desarrollo pleno y con una fortaleza institucional y social envidiable. A eso nos debemos todos, absolutamente todos los que estamos en este país. Nadie por encima de la ley, y todos sujetos a la misma, aunque eso parezca ajeno a nuestro escenario cotidiano, pero es lo que aspiramos la absoluta mayoría de la población y a los que hemos estado comprometidos ya por más de 20 años en México Unido Contra la Delincuencia.

Señoras y señores permítanos reiterar entonces los principales planteamientos a destacar en este evento:

• Los mexicanos nos sentimos hoy más inseguros, y esa tendencia va de mal en peor.
• Qué políticas públicas como la guerra contra las drogas y el uso de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública no han resultado y han generado mayores problemas que los que en teoría iban a resolver.
• Que los mexicanos nos hemos venido adaptando a la delincuencia, incluso cambiando dramáticamente nuestros hábitos cotidianos para sobrevivir en un ambiente de profunda inseguridad, impunidad y violencia extrema.
• Que las autoridades han fallado en su desempeño y son corresponsables de la inseguridad y la impunidad que se vive en el país.
• Los ciudadanos no coinciden en otorgar perdones contra quienes han delinquido y robado – se les debe castigar y deben devolver lo que se llevaron y no les pertenece.
• Respecto a la propuesta de Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 que un enfoque militar es equivocado puesto que la seguridad pública debe ser un tema de instituciones civiles debidamente capacitadas, entrenadas, organizadas y coordinadas.

Muchas gracias por su atención.

Sobre MUCD

México Unido contra la Delincuencia es una organización civil sin fines de lucro, laica y apartidista, con más de 20 años trabajando a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad en México.

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