- Pese a conocer la participación y responsabilidad de las Fuerzas Armadas en actos ilícitos y violaciones graves a los derechos humanos, el Senado de la República aprobó extender el uso de militares en seguridad pública hasta 2028.
- La reforma perpetúa la militarización de la seguridad pública más allá de este sexenio sin incorporar controles parlamentarios efectivos y pospone la inversión en policías al 2024.
- Llamamos a la ciudadanía a resistir esta militarización y exigimos a los Poderes de la Unión detener este y otros esfuerzos por perpetuar la presencia militar en tareas que no les corresponden.
Ciudad de México, 4 de octubre de 2022. El Senado de la República aprobó este 4 de octubre ampliar hasta 2028 el plazo que permite a la fuerza armada permanente desempeñar tareas de seguridad pública a pesar de que un hackeo de magnitudes sin precedentes a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) revelara la participación de elementos militares en la comisión de delitos y violaciones graves a los derechos humanos, y demostrara que las Fuerzas Armadas prevén aumentar aún más su poder político y económico participando de lucrativos negocios en sectores como el turismo.
El dictamen aprobado, modificado únicamente para incorporar controles parlamentarios ficticios, permitirá mantener el despliegue de elementos militares por todo el territorio nacional por cuatro años más, pese a la evidencia de que las corporaciones castrenses participaron en actos de encubrimiento, revictimización e impunidad frente a agresiones sexuales; rastreo y espionaje a activistas, periodistas, universidades y personas defensoras de derechos humanos; intromisión en el proceso judicial del Caso Ayotzinapa y otras conductas ilícitas.
Estas son las mismas Fuerzas Armadas que senadoras y senadores quieren mantener a cargo de nuestra seguridad.
Condenamos enérgicamente la abdicación del Senado y el resto de los Poderes de la Unión a su responsabilidad de regular el actuar de las Fuerzas Armadas y defender los límites constitucionales de su actuación y reprobamos la incapacidad de nuestras tomadoras y tomadores de decisión de cumplir con los criterios que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le impuso a México luego de varias sentencias condenatorias por el uso indebido de militares en tareas de seguridad. Lamentamos e impugnaremos la perpetuación de una estrategia que solo ha aumentado exponencialmente los homicidios, las violaciones graves a derechos humanos y la impunidad.
Informamos a la ciudadanía que la reforma aprobada incluyó, en sus modificaciones recientes, supuestos mecanismos de control civil sobre los militares que, en los hechos, no constituyen mayores ni mejores medidas de supervisión sobre sus acciones. Al contrario, se trata de medidas engañosas, como la presentación de informes semestrales voluntarios a una comisión bicameral, que no considera el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública, no garantiza su fiscalización y supervisión civil ni establece mecanismos para transitar a la desmilitarización de la Guardia Nacional (GN) y de la seguridad.
La experiencia de los últimos 16 años debería ser suficiente para entender que la militarización no es la respuesta. Los homicidios han alcanzado las cifras más altas en este sexenio, mientras que la GN ya ha superado a la Sedena en quejas por violaciones a derechos humanos.Ante ello, hacemos un urgente llamado a la ciudadanía a resistir la creciente militarización del país haciendo uso de todos los medios legítimos a su alcance; a los congresos locales a que rechacen la ratificación de una medida que no traerá paz ni seguridad a las y los ciudadanos; a la Cámara de Diputados a que rechace la nueva minuta; y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a actuar de manera urgente y congruente para detener este y otros esfuerzos por perpetuar la presencia militar en tareas que no les corresponden. ¡La vía militar no es la respuesta!
#NoALaMilitarización
#MilitarizarNoEsPaz
