Lunes 22 de marzo de 2021
La reforma constitucional que creó la Guardia Nacional cumplirá dos años publicada el próximo 26 de marzo. La reforma no solo concibió a esa corporación como una fuerza de seguridad civil , sino todo un plan de desmilitarización que obligó a regular el uso de la fuerza y las detenciones, el fortalecimiento de las policías locales y acotar la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada a la autoridad civil, hasta el 27 de marzo de 2024.
En su conjunto, la reforma fue un acuerdo para la desmilitarización de la seguridad pública a lo largo de 5 años, aprobado por todas las fuerzas políticas del país y los congresos estatales. Sin embargo, el presidente de la república ha decidido violar ese acuerdo y continuar con la expansión militar de gobiernos anteriores.
En los hechos, la Guardia Nacional es una corporación militar y no civil como dice la Constitución. Antes de su colapso, la CNDH promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro acciones de inconstitucionalidad dados los riesgos para los derechos humanos que implica la aplicación de las leyes de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, López Obrador emitió el #AcuerdoMilitarista el 11 de mayo del año pasado, un instrumento que sin pasar por el Congreso, otorga facultades civiles en materia de seguridad pública al ejército y la marina sin control civil y sin mecanismos de control o fiscalización. Este acuerdo también fue impugnada ante la Suprema Corte.
Más aún, este gobierno ha puesto en manos de las fuerzas armadas más de 20 funciones civiles de gobierno. El fenómeno de militarización y militarismo es innegable en nuestro país.
Frente a esto, el silencio de la SCJN es ímprobo. Las ministras y ministros han postergado el estudio y resolución de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH; y de la controversia constitucional promovida por la diputada Laura Rojas como presidenta de la Cámara de Diputados, en contra del #AcuerdoMilitarista, dejando a ciudadanos y miembros de las fuerzas armadas en la incertidumbre jurídica.
A dos años de la publicación de la reforma constitucional de laGuardia Nacional, al plan de desmilitarización de cinco años solo le quedan tres.
Entre las instituciones del Estado que han decidido voltear para otro lado, como si no existiera la crisis de seguridad y derechos humanos, se encuentra el máximo órgano garante de la Constitución.
Es por lo anterior que desde el colectivo #SeguridadSinGuerra hacemos un llamado urgente a las 11 ministras y ministros dela SCJN, y en particular a su presidente, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para que:
- Resuelvan los asuntos relacionados con las leyes secundarias de la Guardia Nacional y el Acuerdo emitido por el presidente de la República el pasado 11 de mayo.
- Que previo a su resolución, se realicen audiencias públicas para que las ministras y ministros escuchen a las víctimas de la guerra, a especialistas y representantes del Estado, a fin de que conozcan de forma pública y de cara a la sociedad, la evidencia empírica sobre los impactos de la militarización de la seguridad pública y del incumplimiento de las obligaciones para lograr la desmilitarzación del país.
En el pasado, la SCJN ha convocado con éxito a la realización de audiencias públicas para la resolución de asuntos de gran trascendencia nacional. Abrir la posibilidad para este tema de innegable relevancia, favorecerá la comprensión de sus deliberaciones, la transparencia de sus decisiones y fortalecerá el debate democrático. En diversas ocasiones el ministro presidente Arturo Zaldívar se ha posicionado sobre la necesidad de impulsar una justicia cada vez más abierta. Le tomamos la palabra y le invitamos a impulsar este ejercicio.
#PorLasVíctimasYLaPaz
